La revuelta universitaria

En una sociedad democrática y abierta es imposible aplicar una ley autoritaria

Antes que convocar consensos y actitudes constructivas, la implementación de la nueva ley Universitaria está generando batallas sin cuartel entre los actores llamados a desarrollar la “una nueva reforma universitaria”. El origen de esta guerra es la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), organismo que depende del Ministerio de Educación y que se ha convertido en la última palabra en asuntos académicos del sistema universitario.

En la práctica, el Sunedu terminará arrasando con la autonomía universitaria consagrada en la Constitución. Por ejemplo, semanas atrás, el congresista Daniel Mora, principal promotor de la norma cuestionada, denunció que cerca del 40% de las universidades nacionales se resiste a adecuarse a la nueva normatividad.  Según ésta, los claustros deben crear un Comité Electoral para elegir una Asamblea Estatutaria. Luego de aprobados los estatutos, dicha Asamblea se transformaría en Asamblea Universitaria y se procedería a elegir a las nuevas autoridades.

Bueno, dicho proceso está sumamente retrasado y no sería nada extraño que los desacuerdos en las elecciones terminen en el Poder Judicial, tal como ha sucedido con la propia ley universitaria. Antes de su desactivación, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) presentó diversos recursos ante el Poder Judicial para impedir la implementación de la norma. Asimismo,  congresistas de cinco bancadas presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional. Es decir, una verdadera revuelta legal.

Algo más: luego de iniciarse la desactivación de la ANR –tal como lo ordena la ley- los rectores de 64 universidades públicas y privadas formaron la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), con el objeto de seguir ejecutando el 98% de las funciones que tenía la ANR. salvo la de registrar los grados y títulos, que estará a cargo del Sunedu.

En este contexto, ¿cómo se implementará la nueva ley universitaria? Parece demasiado difícil. Una lección que debemos extraer de la manera cómo se aprobó la norma es que en democracia no se puede aprobar una ley aplastando las voces de los interesados, menos aun violando un precepto constitucional como el de la autonomía. No se puede, a menos que se aplaste a la propia democracia. En una sociedad relativamente abierta los sectores afectados recurren al Poder Judicial y al TC para hacer valer sus derechos que consideren afectados.

Tampoco se puede aprobar una ley recurriendo a triquiñuelas mediáticas. El estado, gran responsable de la debacle de la universidad peruana, se convirtió en el gran fiscal de la universidad privada, en vez de sentarse en el banquillo de los acusados.

Para esta maniobra, la Universidad Católica elaboró el primer proyecto de ley que proponía el Sunedu y la mayoría de sus profesores salió a meterle palo a las otras universidades particulares. La PUC no quiere que éstas sigan teniendo los mismos beneficios tributarios que ella tiene cuando reinvierte sus utilidades. Este sistema permitió el surgimiento de universidades privadas de excelencia que barrieron en calidad a la Católica, pero con pensiones varias veces más baratas. Es decir, se trata de ahogar a la competencia; y esto se llama mercantilismo.

En otras palabras, todo parece indicar que para implementar “la reforma” del general Mora no solo habría que ahogar la autonomía de los claustros; también habría que acabar con la independencia del Poder Judicial y del TC. Eso se llama autoritarismo.

22 - oct - 2014