La República y una nueva vacancia

El Congreso de la República aceptó ayer tramitar un nuevo proceso de vacancia en contra del presidente Vizcarra, invocando la figura de la incapacidad moral –establecida en la Carta Política– debido a las diversas denuncias e investigaciones que se acumulan en contra del jefe de Estado. Sin embargo, la sensación o la impresión que genera este proceso es que forma parte del proceso general de implosión de las instituciones republicanas que se desató luego de las elecciones del 2016 y llegó al paroxismo con la administración Vizcarra, el referendo y el cierre inconstitucional del Congreso.

El Congreso cometió el terrible yerro de aceptar la renuncia de Mercedes Aráoz a la segunda Vicepresidencia de la República, lo que se sumó a los errores y despropósitos de la mayoría de bancadas en el Legislativo. Hoy no existe una clara alternativa de gobernabilidad ante la crisis institucional y política, que se presenta junto con una de las megarrecesiones más devastadoras de los últimos 90 años, que destruirá por lo menos el 15% del PBI y arrojará a cerca del 30% de la población debajo de la línea de la pobreza.

En otras palabras, existe la percepción generalizada de que las instituciones y los actores actuales no tienen las reservas políticas y morales para organizar una salida constructiva frente a las terribles denuncias que se acumulan contra el jefe de Estado. Sin embargo, ante el curso de los acontecimientos y los hechos, es incuestionable que la institucionalidad debe continuar funcionando para salvar la experiencia republicana. 

¿Qué significa que la institucionalidad siga funcionando? Una sola cosa: aferrarse a la Constitución y censurar cualquier acción o declaración fuera de ella. Es en estos momentos límites en que las experiencias republicanas son puestas a prueba y se decide el futuro de la libertad para las siguientes décadas. Si los actores y las instituciones tienen la prudencia de actuar dentro de los marcos constitucionales todo es posible, y las declaraciones que pretenden encumbrar a otros poderes –al margen de la Constitución– como factores dirimentes de la crisis no tienen lugar alguno en la agenda republicana.

Desde el encumbramiento de la administración Vizcarra, todas las adversidades parecen haberse abatido sobre nuestra Carta Política. En el referendo pasado, el jefe de Estado se proclamó como “el gran reformador constitucional” –pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente–, imponiendo los criterios de la reforma de nuestra Carta. Más tarde, el cierre del Congreso, invocándose la “denegación fáctica”, una figura que no existe en nuestra Constitución, reveló que las instituciones republicanas empezaban a desplomarse. Hoy el Ejecutivo y el Congreso avanzan por los bordes de la constitucionalidad.

Necesitamos entonces que los actores recuperen el principio casi sagrado del respeto a la Constitución para afrontar el nuevo proceso de vacancia, que pondrá en vilo a todo el sistema republicano. Si eso sucede estaremos en condiciones de sostener que, no obstante todos los problemas y el deterioro institucional, el Perú avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones. Y que la actual experiencia republicana, pese a los estropicios del pasado referendo, logra mantener la vigencia de su actual Carta Política.