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La consecuencia inmediata de la propuesta del presidente Martín Vizcarra acerca de adelantar las elecciones generales del Congreso y del Ejecutivo es que, en el acto, se ha convertido en un jefe de Estado transitorio. Es decir, sin poder real efectivo, en medio de un abandono general de las responsabilidades de la gobernabilidad. Todos los ejemplos históricos nos señalan que cualquier presidente que convoque a elecciones, en realidad, está de salida.
En Estados Unidos al presidente saliente se le suele llamar lame duck (pato rengo). Es decir, Vizcarra ya es un "pato rengo" en el ejercicio de la jefatura de Estado. En este contexto, ¿qué compañía seria, nacional o extranjera, invertirá en el Perú? ¿Qué autoridad regional o local se comprometerá en una política de Estado de largo plazo? Las preguntas se multiplican en ese sentido, y todas son válidas.
Un sector de medios tradicionales pretende crear un escenario de crisis artificial en el que un jefe de Estado se enfrenta en una guerra feroz en contra del Legislativo. Sin embargo, desde el referéndum del año pasado, el único actor en guerra contra el Congreso ha sido el propio Vizcarra. Finalmente, mediante actos que los historiadores registrarán, el actual Congreso se allanó a todas las propuestas de reforma constitucional del vizcarrismo que, a nuestro entender, han terminado bastardeando la Carta Política de 1993.
Pero no solo se trata la singular condición de lame duck de Vizcarra. El problema es que no hemos llegado a esta situación por el desarrollo de un cronograma constitucional, sino por un abandono sistemático de todas las responsabilidades de gobierno: crecimiento menor a 3%, caída sistemática de las inversiones privada y pública, deterioro institucional general de los servicios del Estado, incapacidad de detener la ola criminal, retrasos clamorosos en la reconstrucción del norte y, sobre todo, abdicación de la autoridad estatal en el sur del Perú.
En este último punto queremos detenernos. La guerra artificial que por más de un año desarrolló Vizcarra en contra del Legislativo, finalmente terminó pulverizando la autoridad del Estado en general. En este contexto, en el sur del Perú ha surgido un puñado de gobernadores regionales que pretende desarrollar un modelo económico al margen de lo establecido en la Constitución de 1993. Mientras buscan detener inversiones en recursos naturales, esos gobernadores respaldan la propuesta de distribuir gas boliviano para favorecer las estrategias de Evo Morales. Las señaladas autoridades regionales, al parecer, están impulsando un paro macrorregional para el 5 de agosto, con objeto de bloquear el proyecto Tía María y las demás inversiones mineras en el sur (que producen más del 50% del cobre nacional).
Pero no se trata de cualquier estrategia del radicalismo en el sur. La violencia de minorías que se expresan en bloqueos de carreteras, puentes y vías de comunicación, avanza en medio de la renuncia de policías, fiscales y jueces a imponer el orden en base a la Constitución y la ley. En otras palabras, la falta de autoridad del Estado alienta la bolivianización del sur del país con objeto de imponer al Perú una salida al margen de la Carta Política; o en su defecto, amenazar con la secesión del territorio nacional.
De una u otra manera, pues, estamos hablando de que la falta de autoridad del Estado alienta la anarquía social y política de la República. Y, en medio de esta situación, la irresponsabilidad y frivolidad de Vizcarra. expresada en la propuesta de adelantar elecciones, simplemente ha desatado una crisis sin retorno.
El gran problema que se puede presentar es que los demócratas, republicanos, ya sea de izquierda o de derecha, renuncien a asumir sus responsabilidades y contemplen indiferentes el deterioro institucional del país. En el Congreso, por ejemplo, se empieza a notar en ciertos sectores una actitud contemporizadora con la irresponsabilidad vizcarrista. De diversas maneras, pues, empieza a quedar claro que no hay solución a la crisis política con Vizcarra en la Presidencia de la República.
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