¡La República en crisis!

¿Radicalismo antifujimorista pretende adelantar elecciones?

Es evidente que la actual democracia, que ha desarrollado cuatro elecciones sin interrupciones y avanza hacia una quinta, está ingresando a una crisis general con el escándalo Lava Jato. Semejante crisis no solo se explica porque las denuncias comprometen a la clase política posnoventa y porque se lanzan nubarrones sobre las posibilidades de crecimiento económico, sino por las intenciones de ciertos sectores de judicializar la situación del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; y la del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, tal como se demuestra en los pedidos de denuncias de los procuradores.

Nadie en su sano juicio puede solicitar que se oculten imputaciones o se apañen actos de corrupción por “valores superiores”, pero es incuestionable que hay grupos que pretenden politizar las denuncias con el objeto de vulnerar la institución presidencial y desencadenar el adelanto de elecciones. Es más, en algunos cafés de la Lima del siglo XXI se suele especular sobre el próximo acontecimiento que desatará la necesidad de adelantar las elecciones. En medio de la ausencia presidencial en los asuntos de la gobernabilidad y el desorden del Gabinete Zavala, semejantes rumores pueden adquirir cierta verosimilitud.

De allí que nos veamos obligados a plantear el tema y a formular la siguiente pregunta: ¿qué significaría el adelanto de los cronogramas electorales? A nuestro entender significaría herir de muerte a esta democracia que avanza hacia su quinta elección sucesiva y que ha desarrollado el proceso más inclusivo de la historia del Perú: reducir la pobreza a solo el 20% y expandir las clases medias. ¿Por qué herir de muerte? Porque la democracia no solo es la elección de las autoridades por la mayoría, el equilibrio de poderes y, sobre todo, la limitación del poder, sino también el plazo constitucional. No hay democracia longeva que no haya preservado los periodos constitucionales de las autoridades electas.

En Estados Unidos, la mayor república del planeta y en donde se conoce de varios magnicidios, los vicepresidentes siempre han culminado los periodos democráticos. En sociedades en las que no se respetan los plazos constitucionales, generalmente se desata el mandato de la muchedumbre, de la turba, y la aparición de los autócratas que se apoderan del poder. Allí están los ejemplos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Una condición sine qua non para preservar la actual democracia, entonces, es que la administración PPK culmine su periodo constitucional.

Ahora bien, vale formularse otra pregunta clave: ¿quiénes pueden estar interesados en adelantar las elecciones? La respuesta se cae de madura. En primer lugar, las llamadas fuerzas antisistema, que pretenden vincular la megacorrupción brasileña con el modelo económico y con los últimos quince años de experiencia democrática, económica y social. Para ellos interrumpir los plazos constitucionales es crear el escenario propicio para sus estrategias. En segundo lugar, el radicalismo antifujimorista que contempla estupefacto cómo el universo político y cultural desarrollado en los últimos quince años se derrumba frente a las investigaciones y procesos que se abren en contra de los dioses políticos del anti.

Ya empieza a ser notorio que diversos sectores del antifujimorismo radical consideran que avanzar al 2021 con megaprocesos en contra de los principales políticos antifujimoristas disolvería la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo que bloqueó el triunfo naranja en las últimas dos elecciones. Semejante escenario, simplemente, aterra al establishment forjado en los últimos quince años debajo de la ubre estatal.

Es claro, entonces, que los peruanos de buena voluntad tenemos que sumar todos los esfuerzos posibles para posibilitar que la administración PPK culmine su periodo constitucional. Más allá de los gigantescos errores del Ejecutivo, que parece empeñado en una voluntad suicida.