La República en colapso institucional

La crisis de la República peruana, que acumuló dos décadas de experiencia democrática y procesó cuatro elecciones nacionales sin ninguna interrupción, parece haber llegado al límite. A estas alturas resulta muy complicado ser optimista y señalar que el ordenamiento constitucional establecido en la Carta Política de 1993 podrá superar la feroz guerra desarrollada entre el Legislativo y el Ejecutivo, que ha llevado al colapso general de las instituciones. Sin embargo, ningún republicano puede dejar de buscar una salida institucional y política a la situación actual. Finalmente la historia de la República está repleta de situaciones aciagas, como la que observamos los peruanos, en las que surge la grandeza de los líderes y sus élites.

Hablar de grandeza en nuestras élites también parece muy lejano, pero tenemos que seguir apostando por la República cueste lo que cueste, y tenemos que seguir defendiendo la Carta Política de 1993 cueste lo que cueste. En este contexto, la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de plantear una competencia ante el Tribunal Constitucional (TC), de una u otra manera, sigue afirmando una voluntad de respetar la Constitución y reafirmar las instituciones. La posición de Martín Vizcarra y de Vicente Zeballos, autoproclamado presidente del Consejo de Ministros, muy por el contrario, significa seguir apostando al caos y la desinstitucionalización general. Ambos han afirmado que no están dispuestos a someterse a la competencia del TC. Si existe patriotismo en cualquiera de los actores comprometidos en este terrible momento para la República, entonces se debería considerar una salida que permita generar espacios de diálogo para recuperar las instituciones y el ordenamiento constitucional. Y todo indica que el único escenario en el que existe una posibilidad de encuentro es la convocatoria de elecciones generales para el Ejecutivo y el Congreso.

Martín Vizcarra, pues, debería dar un paso al costado y aceptar el orden establecido por la Carta Política, en la medida en que él ha disuelto el Congreso de manera inconstitucional e irregular, sin el refrendo del Consejo de Ministros y sin el decreto correspondiente, y desarrollando una interpretación antojadiza de la cuestión de confianza. Y también debería aceptar que el Congreso lo suspendió en el cargo, nombró a Mercedes Aráoz como encargada de la jefatura de Estado, pero seguidamente ella renunció. Y la Constitución señala que, en este caso, el presidente del Congreso convoca a elecciones generales adelantadas.

De esta manera, en el verano del 2020 el Perú podría haber superado esta feroz crisis política, este absurdo enfrentamiento. Una crisis que, por momentos, no parece tener explicación, más allá de constatar que el bloqueo institucional significa el bloqueo del crecimiento y del proceso de reducción de pobreza. Porque, finalmente, a quienes más golpea toda esta situación es a los seis millones de peruanos pobres.

En este portal hemos luchado para preservar las instituciones cueste lo que cueste. Hoy tenemos que decir que si no hay elecciones generales adelantadas, el Perú enfrentará una de sus noches más oscuras. Quedará demostrado con absoluta claridad que detrás del golpe de Estado de Vizcarra hay un evidente proyecto plebiscitario que busca encumbrar a un caudillo y a un grupo en el poder, al margen de las tradiciones republicanas, y al margen de la libertad política y económica. Y sin esas tradiciones y esas libertades no hay prosperidad ni bienestar.