La República debe superar la guerra política

Ayer se publicó en redes un pronunciamiento republicano firmado por intelectuales, profesionales, empresarios, políticos y periodistas, en el que se señala categóricamente que luego de que el Congreso otorgara la llamada “cuestión de confianza” alrededor de la reforma política, el Ejecutivo, el presidente de la República, no tienen autorización de disolver el Congreso. Si así lo hicieran, el presidente Vizcarra y su Gabinete en pleno se convertirían en funcionarios de facto y tendrían que responder por las responsabilidades históricas y personales que suelen acarrear los golpes de Estado en el Perú. Allí están los casos de Leguía y Fujimori, ampliamente documentados y verificados por los hechos históricos.

El espíritu del señalado pronunciamiento republicano es superar la guerra política que amenaza con terminar con los logros políticos, institucionales, económicos y sociales, de las últimas tres décadas. De allí que al final se llame a un diálogo constructivo. De alguna manera, el espíritu del pronunciamiento refleja el sentimiento que anima a la mayoría de peruanos luego de las cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo, el desarrollo del referéndum y los contratiempos generados en el nombramiento de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

El Perú está cansado de la guerra que desarrolla artificialmente el presidente Vizcarra en contra del Congreso, más allá de que este poder del Estado concentre las iras populares. El mismo hartazgo se nota en las calles, en las regiones y en los mercados. La economía nacional este año posiblemente crezca menos de 3%, por lo que la posibilidad de un camino recesivo que, otra vez, nos convierta en una sociedad que aumenta pobreza, no es una hipótesis lejana. Es hora, pues, de parar esta guerra política y cancelar los rumores acerca de que se viene un cierre del Congreso por interpretaciones antojadizas sobre la reforma política o por la bajada en la popularidad presidencial.

Si miramos los conflictos que se desatan alrededor de las inversiones mineras, sobre todo alrededor del otorgamiento de la licencia de construcción y las amenazas del gobernador arequipeño por esta autorización, el polvorín en que comienza a convertirse el Corredor Minero del Sur, los problemas que se acumulan en la selva petrolera, los retrasos en la reconstrucción del norte, la caída general de la inversión privada y la contracción del crecimiento, resulta incuestionable que solo la frivolidad puede seguir alentando una guerra que no lleva a ningún lado.

Si el presidente Vizcarra se decide a cancelar este guerra política, la única manera de salir de este atolladero será mediante el impulso de reformas económicas y sociales que relancen el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza general. No hay otra. Las reformas políticas e institucionales solo han pasado a formar parte de la guerra política y de las estrategias de control de instituciones de parte de la izquierda.

Si el Perú logra ponerse en modo de reformas y avanzar siquiera en la reforma de la legislación laboral y el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras mediante las asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos, entonces todos evitaremos caer en ese abismo que se aproxima con rapidez. Y el presidente Vizcarra evitará un escenario recesivo que puede convertirse en su peor enemigo, incluso con cierre del Congreso de por medio. La reciente encuesta de Ipsos, más allá de algunos números, nos indica que los golpes al Legislativo solo producen una popularidad instantánea. Y es que la historia nos demuestra que la popularidad solo es duradera cuando hay reformas de fondo.