El Perú debe enfrentar las dos tácticas del comunismo

Los sectores comunistas que se aglutinan detrás de la candidatura de Pedro Castillo –el Movadef, Perú Libre, o Juntos por el Perú, entre otros– son corrientes comunistas y colectivistas con una gran unidad táctica en el proceso electoral: pretenden llegar al gobierno por la vía electoral para convocar una asamblea constituyente que redacte una constitución anticapitalista. En este terreno existe la más amplia unidad de todas las corrientes comunistas o colectivistas, más allá del maquillaje progresista con que algunos se acicalan.

Sin embargo, esta misma convergencia comunista no solo pretende ganar las elecciones por la vía electoral, sino que también busca organizar un poder alternativo al sistema republicano (léase soviets o poder popular) que emerja ante el derrumbe de la República. Por ejemplo, se acaba de desarrollar el VI Encuentro Macrorregional del Sur, en el que participaron frentes de defensa, sindicatos, oenegés, comunidades, federaciones territoriales y las clásicas organizaciones antimineras, con el objeto de lanzar una huelga general en el sur, en contra de las inversiones mineras.

Se sabe, por ejemplo, que en este evento se llamó a votar a favor del candidato comunista, Pedro Castillo. La huelga general que buscaría paralizar más del 50% de la producción de cobre y derogar la legislación nacional sobre inversiones mineras se desarrollaría antes o luego de las elecciones generales, independientemente del resultado de los comicios.

Es incuestionable que la táctica electoral y el objetivo de construir un poder alternativo (al sistema republicano) forman parte de la tradición leninista y bolchevique desde que el propio Lenin, en Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática (1905), planteara la participación en la duma zarista, la convocatoria a una constituyente y el camino de los soviets. Al margen de qué candidato gane la elección, la huelga general busca agravar la crisis del sistema republicano y desencadenar la constituyente. 

Luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria –por un juego en pared entre la mesa directiva del Congreso, el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas– es evidente que la huelga del sur intentaría amplificar al infinito la estrategia utilizada para derogar la mencionada norma y desatar una crisis nacional. ¿Cómo? Vale recordar que, en la derogatoria de la mejor ley económica de las últimas dos décadas, 3,000 personas bloquearon las vías del sur, algunas decenas interrumpieron la Carretera Central y otras decenas igualmente bloquearon la Panamericana Sur, con el objetivo de estrangular el abastecimiento de la capital. Algunos observadores señalaron incluso que ni en tiempos de Sendero Luminoso se había avanzado tanto en cercar a la capital, según reza el credo maoísta.

¿A qué vamos? Es evidente que de concretarse la huelga general en el sur, esta debe avanzar –como si fuese una ley física– hacia una crisis general del sistema republicano, algo que solo sería posible si los activistas vinculados al comunismo logran interrumpir las principales vías nacionales. En este contexto, emerge la pregunta, ¿cuál será la conducta de la administración Sagasti, luego de haber descabezado a la Policía Nacional y después de haber asumido el relato izquierdista que demoniza la actividad de la fuerza policial? Es una pregunta que merece responderse, no solo por el Ejecutivo sino también por el Congreso.

De otro lado, los partidos políticos y todos los sectores y corrientes que defienden el sistema republicano deben comenzar a discutir estos escenarios más allá de los procesos electorales. Únicamente si los civiles son capaces de plantear alternativas claras frente a una evidente estrategia insurreccional en curso, las Fuerzas Armadas y la PNP defenderán el sistema republicano.

En los ochenta, los civiles fueron incapaces de enfrentar la ofensiva terrorista y la destrucción del Estado y la sociedad por la hiperinflación. El sistema republicano entró en crisis y emergió el fujimorato.

En cualquier caso, los partidos republicanos, la propia candidata Keiko Fujimori –encargada de defender las libertades republicanas en la segunda vuelta– y todos los sectores democráticos tienen la ineludible urgencia de entender que no se defiende solo la libertad, también se defiende la autoridad del Estado democrático, la ley y el orden de la República, consagrados en la Constitución. ¡Es hora de hablar con claridad!