La política que destruye la economía y la sociedad

En la última semana la política resucitó los mayores enfrentamientos de las últimas décadas, con respecto al indulto constitucional otorgado al expresidente Alberto Fujimori y también la intensa disputa por el control del Ministerio Público. Por eso no es exagerado sostener que la política se ha convertido en el peor enemigo de la economía, del crecimiento, de la reducción de la pobreza y de la sociedad en general. En este contexto, de polarización política, ¿cómo se reactivarán las inversiones urgentes y necesarias para enfrentar la recesión de la economía?

En repetidas ocasiones en este portal se ha sostenido que la política y el Estado se han convertido en los peores enemigos de la economía y de la inversión privada, que representa el 80% del total de lo invertido en el país, el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% del empleo. El efecto destructivo de la política se expresó en la conversión del Estado en uno de los más burocráticos de la región. Por ejemplo, las inversiones mineras que, a través de los trámites y la burocracia, pueden demorar más de cinco años en concretarse; y la legislación laboral declarativa en el reconocimiento de derechos, y que solo genera informalidad. Igualmente, allí está la polarización política que llevó a Castillo al poder e inició la campaña por la constituyente, paralizando cualquier nueva inversión.

Con este escenario destructivo de la política el PBI potencial del Perú –es decir, su capacidad de crecimiento– se vino abajo por la burocratización del Estado y la ausencia de una nueva ola de reformas (tributaria, laboral, educativa, salud e infraestructuras). Hoy parecemos condenados a crecer por debajo del 3% del PBI, una cifra con la que es imposible seguir reduciendo la pobreza. Luego de la llegada de Castillo todo se paralizó hasta configurarse la actual recesión.

Después del golpe fallido de Pedro Castillo y la defensa del Estado de derecho, la política no se ha desarrollado por un cauce alternativo. Los yerros del Congreso, las campañas del progresismo para adelantar las elecciones y la reciente guerra alrededor del indulto constitucional a Fujimori y las disputas por el control del Ministerio Público, nos indican que la política sigue igual a pesar de la tragedia que representó Castillo.

Este escenario que describimos, en que la guerra política atraviesa a las instituciones, en que la burocratización del Estado se mantiene y se profundiza, únicamente es favorable para las fuerzas antisistema en el 2026. Si consideramos que, en las últimas dos décadas, cuando el Perú reducía pobreza significativamente, en los comicios del 2006, del 2011 y el 2021, las propuestas antisistema pasaron a la segunda vuelta, ¿qué puede suceder en momentos en que la sociedad aumenta pobreza y  se adelgaza el bienestar de la sociedad?

Creemos que es hora, como se dice, de arriar banderas y establecer una tregua en esta guerra política sin cuartel, porque estamos generando una reacción de la sociedad que puede poner en peligro todos los avances institucionales, económicos y sociales alcanzados en las últimas tres décadas. Y aunque parezca mentira, los más  afectados con la reacción de las mayorías serán los sectores progresistas que alientan esta guerra popular prolongada alrededor del control de las instituciones.

Es hora, pues, de entender que es imposible mantener el Estado de derecho si no se establece una pausa en la guerra política y se avizoran posibilidades de entendimientos y acuerdos.