Editorial Política

La política en la emergencia y la reconstrucción

Las responsabilidades de oficialismo y la oposición

La política en la emergencia y la reconstrucción
  • 22 de marzo del 2017

Las responsabilidades de oficialismo y la oposición

Los más de 100,000 damnificados en todo el territorio, los 75 muertos y los más de 600,000 personas afectadas que ya están causando las lluvias y huaicos del llamado Niño Costero, inevitablemente obligan a replantear las relaciones entre el oficialismo y la oposición, a arriar banderas y estrategias en función de la unidad nacional que demandan la emergencia y la reconstrucción nacional.

La prueba más evidente de esta nueva voluntad es que el fujimorismo ha anunciado que no asistirá al pleno de este jueves 23, en el que se debía interpelar a Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República y ministro de Transporte, por el caso Chinchero. Recuérdese que se trataría de la segunda postergación de la mencionada interpelación debida a los fenómenos climáticos que afectan a miles de peruanos.

Sin embargo, atender la emergencia no solo obliga a postergar los cuestionamientos, sino que también exige una estrecha colaboración entre Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, la necesidad de aprobar una legislación de emergencia para nombrar un Zar de la Reconstrucción, de alguna manera, obliga a poner en suspenso ciertas competencias de los gobiernos regionales y locales para recentralizar el poder en el Ejecutivo. En realidad no hay otra manera de que el Estado recupere el control sobre el desarrollo del espacio urbano del país y reorganice las ciudades del norte con drenajes profundos. ¿Estaría la mayoría legislativa dispuesta a dar este tipo de paso? Mantener el orden actual de cosas, con la llamada regionalización, significa poner en grandes interrogantes la eficacia, la rapidez y la transparencia de la reconstrucción de la infraestructura nacional.

De otro lado, la recuperación de la propiedad de miles de peruanos y la reconstrucción de la infraestructura demanda desarrollar con extrema rapidez todos los ajustes necesarios a la legislación de asociaciones público privadas (APP) y obras por impuestos, para lanzar un agresivo plan de infraestructuras en las ciudades costeras del país y los distritos limeños afectados. La importancia de las APP en situaciones de emergencia es más que vital para avanzar en la reconstrucción. Por ejemplo, el 70% de la Panamericana Norte está concesionada a una APP a cargo de OHL , una empresa internacional que desarrollará la reconstrucción de la mencionada vía y que echará mano de los seguros y reaseguros internacionales con que cuenta. En otras palabras, menos gastos estatales en la reconstrucción.

Como se aprecia, las relaciones entre oficialismo y oposición resultan de extrema trascendencia para enfrentar con éxito la emergencia y la reconstrucción. ¿Estarán el Ejecutivo y el Legislativo a la altura de las circunstancias? Si hay una buena política en medio de la tragedia nacional, la adversidad puede convertirse en una gran oportunidad.

Al respecto siempre vale recordar que luego del devastador terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, que destruyó seis regiones chilenas en el 2010, la economía de ese país creció en 6.3% en el 2011 y el desempleo bajó del 10% de la población económicamente activa a solo un 6.6%. Es decir, se crearon 630,000 nuevos empleos. La explicación de la reactivación de la economía mapocha (en el año del terremoto el PBI cayó en 1.7%) se debe a que la demanda interna se expandió sorprendentemente porque se gastó con rapidez, con eficiencia, y con transparencia, en compras de maquinarias y equipos con los que se impulsó la reconstrucción.

En todo caso, si la buena política se impone no sería nada extraño que recuperemos con extrema velocidad todos los puntos y fracciones que se restan al PBI por las lluvias y los huaicos.

  • 22 de marzo del 2017

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