¡La necesidad de un zar para el corredor minero del sur!

Estado debe pasar a la ofensiva contra radicalismo antiminero

El anunciado viaje del jefe de Estado al proyecto minero Tía María en Arequipa, el conflicto alentado por el radicalismo antiminero en Las Bambas y la reciente declaratoria del estado de emergencia en Chumbivilcas en el Cusco revelan incuestionablemente que el sur es una zona con alta conflictividad social. En un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo se sostiene que en el país existen 159 conflictos sociales, de los cuales 49 se concentran en el sur. El 78% de los problemas tiene naturaleza socioambiental.

En el sur del Perú se ubica el llamado “corredor minero del sur” que produce más del 40% del cobre nacional y concentra el 60% de la cartera de proyectos mineros del Perú (US$ 63,000 millones). En esta área que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa se emplazan los proyectos de Antapaccay (US$ 1,400 millones), Constancia (US$ 1,700 millones), Las Bambas (US$ 10,000 millones), Ampliación de Cerro Verde (US$ 5,600 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones). Se calcula que la producción de estas minas representaría alrededor de US$ 810,000 toneladas anuales de cobre, que se exportarían a través del puerto de Matarani.

¿Por qué la conflictividad de la zona? El desarrollo de los proyectos mineros inevitablemente crea algunas islas de prosperidad en medio del fracaso estatal en proveer servicios de calidad: carreteras, escuelas, postas médicas, energías, entre otros. En otras palabras, las compañías mineras cumplen puntualmente en pagar sus impuestos, pero el Estado (gobierno central, regiones y municipios) no distribuye la riqueza mediante la obra pública. En este contexto, el radical antiminero desinforma, demoniza a la inversión minera y promueve la violencia social con el objeto de paralizar la producción de cobre del Perú, ya sea para defender los intereses de los traders mundiales de cobre que ganan con la caída de la producción de cobre o para agravar la desaceleración de la economía y crear un escenario favorable para el discurso estatista en el 2021.

Nunca nos cansaremos de repetir los argumentos a favor de la minería. Sin el aporte minero el Perú crecería menos de 2% del PBI. Siempre vale señalar que la minería representa el 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal y el 14% del PBI.

En este contexto de alta conflictividad social en el sur no se pueden negar las buenas intenciones de la administración PPK de asumir la problemática. Allí está la voluntad de PPK de viajar a Tía María y el decreto legislativo que establece el adelanto social en los proyectos mineros. Sin embargo es evidente que al gobierno le falta una estrategia integral para entender que el problema nace del fracaso del Estado en las zonas mineras y de la agitación del radicalismo antiminero.

En este contexto, creemos necesario insistir en una propuesta planteada reiteradamente en este portal: la necesidad de designar una autoridad que cumpla las funciones de un “zar para el corredor minero del sur”. Es decir, un funcionario designado por el jefe de Estado, encargado de coordinar las actividades de los ministerios del gobierno central en el área del sur y de establecer las coordinaciones con regiones y municipios. La importancia de los proyectos mineros del sur y la gravedad de la conflictividad ameritan una decisión de este tipo.

Semejante iniciativa permitiría crear un equipo pequeño y móvil de funcionarios que se convertirían en los ojos y los oídos del Estado ante la problemática minera en el sur. De esta manera se invertiría la lógica del desarrollo de la conflictividad: el Estado pasaría a la ofensiva social, mediante la resolución de los problemas sociales acumulados, antes que el radical antiminero demonice a las empresas y desate el conflicto con el objeto de paralizar la producción de minerales.