¡La minería artesanal no es crimen organizado!

Sectores reaccionarios pretenden criminalizar a mineros informales

La oposición acaba de presentar una iniciativa legislativa que busca excluir a la minería ilegal de los delitos de crimen organizado y, sobre la marcha, los sectores reaccionarios que pretenden criminalizar a la minería artesanal salieron a oponerse.

¿Por qué es necesario excluir los delitos de minería ilegal de los de crimen organizado? Si bien la minería informal se distingue de la ilegal porque la última se desarrolla en zonas prohibidas y reservas nacionales, el embrollo legal que armó el nacionalismo —y que un sector del Gobierno alimenta— es tan impresionante que hoy no se puede distinguir a un minero artesanal de un ilegal. Por ejemplo, si un informal no cumple con los procedimientos administrativos, con los requisitos técnicos y los estándares ambientales, es considerado ilegal y, de acuerdo a la legislación actual, cae en la figura de crimen organizado.

Evidentemente estamos ante una legislación clasista, discriminatoria y en contra de los campesinos que han decidido participar en la minería. Un ejemplo de la discriminación: si una gran empresa minera comete una falta ambiental a nadie se le ocurría hablar de delitos de crimen organizado. Todo tendría que ver con los delitos ambientales. ¿O no?

Siempre vale señalar que nadie apoya a la minería ilegal que se desarrolla en zonas prohibidas. Sin embargo la minería artesanal e informal en el Perú es una fiebre de oro y cobre que avanza en la costa, zonas de la sierra e, incluso, llega a áreas cercanas a Lima como Canta y Carabayllo. El Perú está viviendo su propio gold rush.

Durante la década del boom de minerales, el Estado se repletó de dinero con los impuestos que cobraba a las grandes compañías mineras; pero fue incapaz de redistribuir a las zonas adyacentes de los proyectos mineros mediante carreteras, postas médicas, escuelas y otros servicios. En este contexto, los campesinos, dueños de la superficie de las áreas de influencia de los proyectos mineros, asumieron dos caminos: apoyar las estrategias del radicalismo antiminero que buscan paralizar la producción del cobre del Perú como una manera de pelear por una mejor redistribución de los recursos o cavar sus propios huecos y socavones para extraer minerales. Allí reside el origen del minero artesanal.

En editoriales anteriores hemos mencionado las declaraciones de don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el Perú, quien señalaba que los mineros artesanales suman más de 400,000 productores y que más de un millón de personas dependen de esta actividad, que moviliza alrededor de US$ 2,OOO millones anuales en la producción informal de oro y cobre.

Pretender excluir a estos sectores de la economía de mercado y el capitalismo es plantear un baño de sangre, es empujar a una fuerza social procapitalista, proempresarial, promercado hacia las propuestas antisistema que pretenden acabar con las libertades políticas y económicas.

El debate sobre las relaciones entre el Perú oficial y el real siempre enfrentará a quienes creen que el mercado es para todos, sin exclusión de nadie, y aquellos que defienden “el capitalismo de los amigotes”. ¿Cómo podemos pelear en contra del radicalismo antiminero si pretendemos excluir a los campesinos de esta actividad? Al respecto siempre vale recordar que una estrategia nacional de formalización jamás se definirá en una comisaría o través de una ley que busca criminalizar la actividad informal.

Lo más risible de las posiciones reaccionarias y elitistas es que responsabilizan a la minería informal del hecho de que en algunas zonas hayan surgido verdaderos far west, en donde prolifera la prostitución de menores y se desborde la criminalidad. Pero las zonas liberadas de la autoridad estatal proliferan en todas partes del país, incluso en las calles de la capital, por el fracaso general del Estado en organizar la autoridad y enfrentar el desborde criminal. ¿Cómo pueden ser responsables entonces los mineros artesanales? Peor aún, la única manera de recuperar estas zonas para la democracia y el mercado es mediante una política de formalización nacional que acabe con la perpetua existencia de dos países.

En cualquiera de los casos es una barbaridad inexplicable que algunos pretendan criminalizar la actividad de miles de productores artesanales. A menos que la intención sea poner a la democracia y la economía de mercado al borde del abismo.