La JNJ se cae y el Congreso debe reformar el sistema de justicia

La renuncia de José Ávila a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –porque es mencionado por el colaborador eficaz Jaime Villanueva en supuestos intercambios de favores políticos cuando ejercía la presidencia de la JNJ con el ex ministro de Justicia Félix Chero–, de una u otra manera, es la instantánea que grafica el fracaso total de una las instituciones más politizadas del sistema de justicia en la historia republicana. La manera cómo bajo la sombra de la JNJ se desató una guerra por el control de las instituciones del sistema de justicia solo puede compararse con los peores momentos del autoritarismo velasquista y el montesinismo de los noventa.

El fracaso de la JNJ es total por el faccionalismo extremo que desarrolló, sobre todo por la manera como se trataron los problemas en la Fiscalía. Celeridad extrema para destituir en algunos casos y hacerse de la vista gorda en otros.

En ese sentido, la acusación constitucional en contra de los miembros de la JNJ que propone la inhabilitación por diez años –presentada por el congresista Jorge Montoya– por infracción constitucional en contra del artículo 156, inciso 3, que prescribe que para ser miembro de ese organismo se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75, es una urgencia y una necesidad nacional. Nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley, y menos todavía quienes deben nombrar, designar y sancionar a los magistrados.

Es incuestionable, pues, que estamos ante un nuevo fracaso en la reforma del sistema de justicia de principio a fin. No se trata solo de las guerras que se desataron bajo la sombra de la JNJ por el control de las instituciones del sistema de justicia, sino también de la extendida provisionalidad entre jueces y fiscales que le resta predictibilidad al sistema. Por ejemplo, en la Corte Suprema solo alrededor de 20 magistrados son titulares mientras que los 40 restantes son provisionales. El magistrado provisional no depende en su puesto únicamente de su labor jurisdiccional sino también de otros factores. Desde allí la provisionalidad se extiende hasta las instancias inferiores creando diversos problemas en la administración de justicia.

Al lado de la provisionalidad está la feroz judicialización de la política peruana que ha trasladado las naturales disputas y rivalidades entre las corrientes de la democracia a las cortes de justicia. El espacio público nacional, de una u otra manera, se ha convertido en un gran tribunal en donde los actores de la política pasan a ser los operadores de justicia y los ataques y defensas judiciales reemplazan a los temas de la gobernabilidad vinculados a la institucionalidad y el crecimiento económico.

¿Qué hacer frente a esta situación? En primer lugar, controlar políticamente a quienes han transgredido la Constitución, tal como parece que sucederá con la inhabilitación de los miembros de la JNJ. Y por otro lado, crear una gran comisión investigadora alrededor de la utilización de la justicia por parte de un sector político.

En segundo lugar, abordar las reformas constitucionales y legales urgentes para salir del entrampamiento del sistema de justicia. La congresista Gladys Echaíz ha propuesto crear la Escuela Nacional de la Magistratura, que reemplazaría a la JNJ en sus funciones de nombrar y designar magistrados, pero que también se encargaría de formar y capacitar a los futuros jueces y fiscales. Por otro lado, José Luis Sardón, ex miembro del Tribunal Constitucional, ha propuesto regresar al constitucionalismo histórico del país, en el que el Congreso elegía a los magistrados supremos y el Ejecutivo designaba a los magistrados de las instancias inferiores a propuesta de las cortes superiores.

Igualmente, si pretendemos acabar con la judicialización de la política, el poder Legislativo debería revisar todas las normas y leyes procesales penales que colisionan con los tratados internacionales que salvaguardan los principios básicos –entre ellos el de la legalidad– del derecho penal democrático. Semejante estado de cosas ha desatado una discrecionalidad muy preocupante entre los operadores de justicia.

En síntesis, ha llegado la hora de la reforma del sistema de justicia en el Perú. El Congreso, como uno de los poderes elegidos e investido de todas las facultades por la Constitución Política, no puede eludir esta gigantesca responsabilidad para con el Estado de derecho.