La izquierda destruye a la Corte IDH

A estas alturas es incuestionable que la izquierda latinoamericana ha tomado el control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ha convertido en una plataforma de defensa de sus intereses ideológicos, políticos y contractuales. No hay otra manera de explicar la reciente decisión de la CIDH, que ordena al Estado peruano “archivar el proceso de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los magistrados (del Tribunal Constitucional)”.

La resolución de la CIDH viola uno de los criterios fundamentales con que se organizó el sistema jurídico interamericano —sobre la base de la Convención Americana de Derechos Humanos—, que establece que la competencia de la Corte es residual en el caso de estados democráticos; es decir, que actúa luego de haberse agotado la jurisdicción interna de los países miembros. En el caso de la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional —quienes modificaron una sentencia (cosa juzgada) convirtiendo un habeas corpus a favor de los marinos del Perú en uno en contra— el proceso estaba pendiente en la Comisión Permanente del Legislativo, en la que se debía decidir si se archivaba o se formaba una comisión que acuse ante el pleno. La siguiente instancia era el propio pleno del Congreso, que debía decidir si acusaba o no a los magistrados. Sin embargo la CIDH se zurró en la Convención Americana de Derechos Humanos, ignoró que el Estado peruano es uno democrático, y pisoteó la Constitución y las leyes nacionales.

Algo parecido sucede con la audiencia de cumplimiento de supervisión de sentencia, en la que una Corte ideologizada —es casi seguro— se pronunciará en contra del indulto humanitario otorgado al ex presidente Fujimori. ¿De qué supervisión de sentencia se trata? ¿Acaso el ex presidente Fujimori no ha sido sentenciado y no ha cumplido el 50% de la pena? La Corte, con todos los fuegos artificiales de una izquierda jurídica absolutamente mediocre, pretende señalar que el jefe de Estado no puede otorgar indultos humanitarios, no obstante que nuestra Constitución reconoce al Presidente una facultad discrecional absoluta. Igualmente pretende señalar que el indulto no procede en casos de “delitos de lesa humanidad”, pese a que ni en el cuadernillo de extradición de Fujimori ni en la propia sentencia se mencionan delitos de lesa humanidad. Pero lo más grave: el asunto no ha sido agotado en la jurisdicción interna.

En una carta enviada a la CIDH en calidad de amicus curiae (amigo de la Corte), el renombrado jurista Domingo García Belaunde señala lo siguiente: “Mi impresión personal es que el sistema interamericano —sobre todo la Comisión— es importante cuando un país está gobernado por una dictadura —como en el caso de Venezuela, país al que la Corte irresponsablemente ha defendido en más de una oportunidad (ej. caso Brewer-Carías)—, pero no sirve para el caso de países que viven en democracia, pues se supone que cuentan con los dispositivos legales internos para poner remedio a los excesos o delitos que se cometen”.

A nuestro entender la carta de García Belaunde es una pieza jurídica de enorme valor, que establece un juicio certero sobre lo que está sucediendo con la CIDH, que empieza a ser mangoneada sin rubores por la izquierda latinoamericana. La zurda regional ha convertido a la CIDH en un megáfono no solo para la utilización de los temas de derechos humanos, sino también de los ambientales, de género y seguramente también los novedosos asuntos de la “defensa del consumidor contra las empresas”. Como la izquierda no gana elecciones, en las democracias estables empieza a utilizar descaradamente a la CIDH para avanzar en sus estrategias de financiamiento en la región. ¿Una sentencia contra el indulto cuántos proyectos de ONG puede generar?

Lo más lamentablemente es que esta izquierda está destruyendo la Corte IDH ladrillo por ladrillo. El sistema jurídico latinoamericano —consolidado luego de la Guerra Fría— se está convirtiendo en un organismo anodino, sin valor jurídico para los estados miembros. Por ejemplo, ¿cómo se va a implementar el pronunciamiento de la Corte IDH sobre la legalización del matrimonio homosexual? Un verdadero saludo a la bandera, porque el tema depende del debate interno de cada sociedad. El presidente Lenin Moreno de Ecuador acaba de convocar a la movilización nacional en contra de la solicitud de la Comisión IDH ante la Corte IDH que busca anular una de las preguntas del referendo en que se sepultaron las pretensiones reeleccionistas de Rafael Correa. En un fallo sin precedentes la Corte Suprema de Argentina estableció que ella es la última instancia judicial del país ante las intenciones de la izquierda de utilizar el sistema jurídico americano para favorecer a una militante kirchnerista. El máximo tribunal argentino ha establecido que la Corte IDH no puede revocar un fallo de la Corte Suprema, porque violaría la Constitución.

Como se aprecia la izquierda está destruyendo a la Corte IDH. Es casi seguro entonces que ante la reciente resolución de la Corte sobre los magistrados del TC, el Congreso peruano asumirá la misma actitud que la mayoría de democracias latinoamericanas: ignorar el exabrupto izquierdista.