La izquierda contra la industria alimentaria

Al igual que las ONG de izquierda que enfilan en contra de la minería, deforman los justos debates alrededor de los temas de género y pretenden apropiarse de las banderas de los derechos humanos, en la industria alimentaria han surgido burócratas, periodistas y académicos, que sueñan con su ONG propia a partir de los ataques y demonizaciones en contra de la industria alimentaria. El objetivo es simple: enfrentar a consumidores con empresas, como si fuese posible imaginar una sociedad de consumidores sin empresas ni mercados.

Sorprendentemente la estrategia anticapitalista se inició desde la burocracia estatal del sector salud: el Ejecutivo publicó un Reglamento de Etiquetado de Alimentos y un Manual de Advertencias Publicitarias que reproducían el modelo chileno de octógonos prohibitivos, cuyo fin principal es alertar —sin informar ni educar— sobre los niveles altos de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans de los productos industriales. En un país en el que la ingesta de alimentos industriales solo representa el 10% del total y en el que la anemia infantil llega al 44% de los niños, ¿cómo se puede entender la obsesión de los burócratas por los octógonos prohibitivos? ¿Se puede disparar la obesidad en un país con cerca de la mitad de sus niños con anemia? A entender de este portal en la movida existe el sueño de la ONG propia. Nada más.

Ante el extremismo burocrático, en el Congreso se aprobó un sistema de semáforos con colores que señalan niveles altos, medios y saludables de consumo en los productos industriales. El hecho de que el semáforo represente una apuesta por la información y educación del consumidor —en vez de la alarma— convierte a este modelo en el menos problemático para los consumidores. Finalmente ningún octógono prohibitivo desalentará a un adolescente de consumir un determinado yogurt. Sin embargo un semáforo de colores le podría indicar que la diferencia entre beber dos o cinco vasos diarios puede significar la opción entre una vida saludable y una futura diabetes.

Ahora bien, la manera como la sociedad y los políticos se han embarcado en este debate —no obstante que el 90% de la comida peruana (no industrial) vuela en sodio— revela la ofensiva ideológica de una izquierda que, si bien no gana elecciones en el Perú, se da la maña para influenciar en los sentidos comunes de la sociedad en base a sus criterios y objetivos. Quizá bastaría recordar que el modelo de octógonos prohibitivos solo se aplica en Chile desde el 2016 y que todavía no se conocen resultados, excepto que en ese país la obesidad sigue disparándose.

Ahora bien, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y todas las sociedades desarrolladas en general aplican las recomendaciones del Codex Alimentarius, cuyo objetivo principal es empoderar a los consumidores con información suficiente para decidir con responsabilidad qué productos consumir. Vale destacar que el mencionado Codex —al que se han sumado 188 países— es la guía por excelencia de todas las sociedades de consumidores. Y entre sus principales reglas está informar al consumidor para elegir con propiedad y evitar prohibiciones que provoquen miedo. Sin embargo en el Perú los burócratas de izquierda nos han embarcado en un debate que nada tiene que ver con las experiencias de las sociedades desarrolladas, que tienen los mejores estándares de salud y los mayores niveles de esperanza de vida.

Algunos creen que se puede defender la economía de mercado haciéndose de la vista gorda frente a esta ofensiva anticapitalista en contra de la industria alimentaria. Se equivocan de cabo a rabo. La izquierda no descansa e intenta desarmar todos los avances en libertad económica sector por sector. Este intento de enfrentar a consumidores con empresas es la última versión de una estrategia antimercado que persiste ante la indiferencia de los sectores promercado.