La incapacidad moral y el presidente Castillo

Las acusaciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, en el sentido de que existirían mafias vinculadas a ministerios del Estado, congresistas y el propio presidente Pedro Castillo, inevitablemente han causado un cataclismo político que definirá el curso de la actual administración. 

El efecto devastador de las declaraciones de la señora López no solo proviene de las acusaciones mismas –que necesitan ser corroboradas–, sino que tiene que ver con la sensación que produce la gota que rebalsa el vaso. En este contexto, la idea de que estas cosas no deben ir más se impone en función del interés nacional.

En ese sentido, es inevitable que en el Congreso se tramite una nueva moción de vacancia por incapacidad moral. A diferencia del anterior, este nuevo procedimiento podría tener un respaldo de todas las bancadas, y la posibilidad de formar una mayoría en el Congreso que sancione la vacancia no parece remota. 

Igualmente, no se debe desconocer que la impaciencia nacional aumentará y las movilizaciones y marchas ciudadanas, que exigen eventual vacancia del jefe de Estado, podrían multiplicarse y crecer.

Desde que el presidente Castillo asumió la presidencia de la República solo fue coherente en un solo objetivo: la convocatoria de una asamblea constituyente, al margen de los marcos establecidos por la Constitución de 1993. En ese sentido vale preguntarse, ¿se puede gobernar un país con un programa en contra de la Constitución que, precisamente, posibilitó la elección del gobierno? Esa es la gran interrogante que nos plantea la administración Castillo. Y a la luz de los resultados, la respuesta parece más que obvia.

El desmadre nacional –que se expresa en la constitución de cuatro gabinetes en apenas seis meses de gestión y la designación de ministros y funcionarios sin ninguna capacidad para la administración, que están implosionando el Estado desde adentro– solo confirma lo siguiente: es imposible construir gobernabilidad cuando en una administración se pretende desconocer en los hechos la Constitución con la que se eligió el Gobierno.

Si tuviéramos que hacer una lista de las razones por las cuales el presidente Castillo está incapacitado para ejercer el cargo y cae en la figura de la incapacidad moral –que establece la Constitución como causal de la vacancia– se podrían llenar muchas páginas. Sin embargo, hasta que no se extendiera la sensación acerca de que la gota rebalsó el vaso, las instituciones republicanas parecían dispuestas a soportar el vía crucis del grave error de la ciudadanía en la elección de Castillo.

A estas alturas ha quedado en evidencia que el Gobierno del presidente Castillo, en base a la alianza de las corrientes comunistas y progresistas, había organizado varios poderes paralelos que violentaban la posibilidad de la gobernabilidad. En el último Gabinete, por ejemplo, Perú Libre y Vladimir Cerrón parecían tener una parte del aparato estatal al servicio de la construcción del partido político revolucionario. De allí la multitud de funcionarios designados en el Estado y que no cuentan con una mínima capacidad técnica o profesional. La única credencial que tienen es el activismo comunista en Perú Libre.

En el caso de los llamados chotanos, círculo de influencia directa del presidente Castillo, el asunto era parecido. Si se designa a activistas y conocidos en lugar de profesionales y técnicos, entonces el Estado tenía que derrumbarse ladrillo por ladrillo.

Quizá en el frenazo de la economía se revele toda la magnitud destructiva del Gobierno de Castillo. Este año el Perú crecerá menos de 3% del PBI, por debajo del promedio mundial. Un triste resultado que se produce cuando los precios de los minerales, sobre todo los del cobre, alcanzan niveles históricos. Un resultado que no permitirá reducir la pobreza, a pesar de las inmensas posibilidades de nuestro país, segundo productor mundial del metal rojo en el planeta.

El Congreso entonces tiene la palabra: se decide a salvar el Perú o deja que siga el desangramiento nacional.