Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
Ahora que es innegable que la administración Castillo, con influencia decisiva del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) y Perú Libre, ha decidido pisar el acelerador de la confrontación con el Congreso, las preguntas se focalizan en las responsabilidades de la oposición dentro y fuera del recinto legislativo.
Los gambitos de la nacionalización del gas, del lanzamiento de “la segunda reforma agraria”, la continuidad de la recolección de firmas a favor de la constituyente y las veladas amenazas de interponer una cuestión de confianza para proteger de la censura a Iber Maraví, ministro de Trabajo, nos indican que en el Ejecutivo ya existe una decisión: resolver las disputas con el Congreso en las siguientes semanas.
¿Cómo entender esta decisión? Todo parece señalar que los estrategas cubanos, venezolanos y los alfiles del Movadef han llegado a la conclusión de que el tiempo corre en contra de la administración Castillo. Consideran que, en los siguientes meses, el desmadre económico y social que ha desatado el anuncio de una constituyente, de una u otra manera, le pasará una factura impagable al Gobierno.
Ante esta situación, la posible confianza por Maraví gatillará el escenario final de la confrontación. En este contexto, ¿cuál es la responsabilidad de la oposición dentro y fuera del Congreso? Es incuestionable que existe el deber de defender la Constitución y las libertades cueste lo que cueste, dentro y fuera del edificio de la plaza de Bolívar.
Vale señalar que, luego de tres décadas de polarización fujimorismo versus antifujimorismo –una polarización que ha destruido el sistema republicano–, es la primera vez que se plantea la urgencia de la unidad de todos los sectores democráticos y republicanos que defienden la Constitución y las libertades. Una convergencia opositora que se convierta en la única herramienta constitucional para detener el claro intento del Ejecutivo de disolver el actual Congreso a través de la posible cuestión de confianza.
En otras palabras, es una de las pocas veces en que los sectores de derecha, de centro y de izquierda democrática son urgidos por la situación para converger en contra de la amenaza autoritaria de las corrientes comunistas más ortodoxas y totalitarias del planeta.
Hoy la política no se inicia ni termina con una campaña electoral, un candidato y un comando de campaña electoral, tal como sucedió en los últimos 20 años. De alguna manera la política adquiere ese sentido trágico que tenía en el siglo pasado, cuando las fuerzas republicanas y democráticas se organizaban para defender la libertad de las amenazas totalitarias del comunismo en todos los continentes.
En ese sentido, las frivolidades y desubicaciones de determinados candidatos son inaceptables en una situación tan dramática, en la que se juega la posibilidad de que las libertades sean secuestradas por varias décadas. De allí que las pequeñas guerras entre los candidatos democráticos, que caracterizaron las elecciones nacionales pasadas –que encumbraron a la ortodoxia comunista– son absolutamente inaceptables. El resto solo es frivolidad.
Así como la política adquiere un sentido trágico, distante de las estrategias electorales de los candidatos, igualmente la política exige la organización de la gente desde abajo hacia arriba y desde aquí para allá. Y algo de eso empieza a suceder con las decenas de colectivos independientes que han comenzado a gestarse y con el esfuerzo vital de los jóvenes para recolectar millones de firmas para tramitar un proyecto que prohíba la convocatoria de una constituyente.
De alguna manera esa política de sentido trágico y esas gestas organizativas son las consecuencias inmediatas de proponerse detener el avance del totalitarismo comunista. Es decir, para detener al colectivismo y al totalitarismo, la política debe tener una enorme carga ideológica y cultural. La única manera de forjar la heroicidad necesaria para preservar la libertad.
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