La importancia de la economía para detener la asamblea constituyente

Uno de los hechos más sorprendentes de la resistencia nacional en contra del proyecto de la asamblea constituyente es la falta de comprensión, por parte de la oposición, de la importancia del crecimiento y la inversión privada en la reducción de la pobreza. Para entender la trascendencia de las cosas quisiéramos formular una pregunta: si el Gobierno de Pedro Castillo se hubiese instalado en una sociedad con el 60% de la población debajo de la pobreza, ¿qué habría sucedido?

A nadie se le ocurre que habría sido extremadamente fácil convertir el regalo de los bonos y las dádivas del Estado en motivos de júbilo popular. ¿Acaso no habrían pasado las propuestas de nacionalizar el gas y el cobre? En una sociedad con mayoría de pobres todas las recetas más radicales del Foro de Sao Paulo se habrían materializado y consolidado. ¿O no?

Si la sociedad peruana hubiese sido la sociedad previa a la Constitución de 1993 –es decir, con más de 60% de pobreza y sin inversiones privadas en minería y recursos naturales, sin capitales en las agroexportaciones, comercio y construcción–, no nos cabe la menor duda de que el proyecto de la asamblea constituyente de Pedro Castillo y de Perú Libre se habría impuesto.

Si el estado empleador –es decir, el principal proveedor de empleo a través de empresas estatales–, una de las otras caras del estado empresario, hubiese estado vigente cuando Castillo asumió el poder, hoy las mayorías empobrecidas se estarían arranchando los empleos ofrecidos por los burócratas estatales. En otras palabras, sin la economía de mercado y la inversión privada, el colectivismo y el autoritarismo ya estarían entornillados en el poder.

En el Perú, la Constitución de 1993 prohibió el estado empresario y permitió que los capitales y la inversión privada regresaran a todos los sectores de la economía. De allí que el sector privado provea el 80% de los ingresos fiscales y el 80% del empleo en el país. Algo más. En las últimas tres décadas, con un modelo basado en la inversión privada, la pobreza se redujo del 60% de la población a solo 20%; pero dos tercios del total de esa pobreza reducida se explican por el aporte privado, según todos los organismos multilaterales.

El proyecto autoritario de la asamblea constituyente ha sido detenido por una mayoría del Congreso que se ha opuesto frontalmente a esta iniciativa. Es una verdad que no se puede negar. No obstante, sin la economía de mercado y la inversión privada, Castillo y Perú Libre habrían tenido un margen enorme para desarrollar sus estrategias demagógicas.

Por todas estas consideraciones, nos parece absolutamente incomprensible que la oposición no defienda con más firmeza a la minería en general: a Las Bambas, Cuajone y otras minas atacadas por el radicalismo colectivista. Igualmente, es difícil entender las demoras en el restablecimiento de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria –que relanzaría las agroexportaciones– y en la derogatoria de decretos como los que prohíben la tercerización laboral o ponen restricciones al uso de la leche en polvo. Es decir, causa estupor que, no obstante que podría hacerlo, la oposición no apruebe leyes que relancen la inversión privada en el Perú, pese al desgobierno nacional de la administración Castillo.

Las izquierdas, por el contrario, sí han entendido la importancia que tiene la economía de mercado en contra de la asamblea constituyente. Por ese motivo han desarrollado todas las acciones posibles para desplomar la inversión privada: desde las propuestas de nacionalizaciones hasta la estrategia de empoderar a las minorías radicales en las áreas mineras y la renuncia a ejercer la autoridad para defender las inversiones en las minas.

Todos sabemos que la economía detiene a la constituyente, pero pocos la defienden.