La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre han retrocedido –por el momento– en su intención de convocar a una asamblea constituyente y nacionalizar los recursos naturales, ante la masiva y mayoritaria resistencia nacional. Sin embargo, el retroceso del Gobierno no evitará que la inversión privada se desplome este año, y entonces el Perú apenas crecerá menos de 3% del PBI, una cifra que no permitirá reducir la pobreza.
Sin la caída de la inversión privada causada por el proyecto de la constituyente, el país estaría creciendo por encima del 6%, sobre todo por el superciclo de los precios de los minerales. No obstante, el retroceso del Gobierno no solo hará retroceder a la economía, sino que se viene la implosión del Estado y de los servicios públicos. ¿A qué nos referimos?
Como en el Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre no se cree en el Estado organizado por la Constitución de 1993, el objetivo es utilizarlo a favor de la construcción de otro y buscar que implosione desde adentro. El único camino para alcanzar ese objetivo es nombrar activistas y militantes en las principales oficinas del Estado. En esa lógica, ya no interesa el profesional o el técnico eficientes para ofrecer los servicios a los cuales el Estado está obligado como recaudador de impuestos a nivel nacional.
Las denuncias de corrupción e irregularidades de los funcionarios del Gobierno de Pedro Castillo se explican por esa lógica de poder. Sin embargo, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Es hora de reajustar los análisis. A nuestro entender, en pocas semanas los servicios públicos que brinda el Estado comenzarán a colapsar, afectando a los sectores formales e informales de la sociedad. Hoy, por ejemplo, en el Estado peruano hay problemas para renovar el DNI, los brevetes y los pasaportes, porque los registros públicos están perdiendo eficiencia.
Sin embargo, solo contemplamos las puntas del iceberg que se avecina. Por ejemplo, Perú Libre y el sector cerronista han comenzado a mangonear la seguridad social nacional (Essalud). Se cambian y ponen presidentes como si se tratara de una dirección de la Región Junín.
Amigos lectores, ¿qué se imaginan que va a suceder en pocas semanas en Essalud? Es evidente que los servicios comienzan a lentificarse y, en algunos casos, a colapsar. Es el resultado natural de colocar a activistas en vez de profesionales con formación y capacidad técnica. La protesta ciudadana aumentará exponencialmente, porque los servicios de la seguridad social tienen que ver con los sectores formales e informales.
La guerra que Perú Libre y el sector cerronista han desatado contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la situación de Petroperú forma parte de esa estrategia para capturar el poder.
Otro sector en el que se comienza a notar el colapso del Estado es en la provisión del servicio de la seguridad ciudadana y el orden interno. No solo se trata del desborde de la ola criminal en Lima y en las principales ciudades del país, sino que todos los emprendimientos y negocios formales e informales de la sociedad comienzan a ser afectados por esta situación. Por ejemplo, en el corredor minero del sur el colapso de la seguridad ciudadana está generando un enfrentamiento entre apurimeños y cusqueños alrededor de la producción de MMG-Las Bambas. La misma actitud comienzan a asumir decenas de trabajadores sindicalizados de Cuajone, en contra de una minoría radical que impide el abastecimiento de agua para la población y la operación minera de Cuajone.
En este escenario, es incuestionable que, en determinado momento, se acabarán las posibilidades de los relatos y la ciudadanía señalará con el dedo acusador al Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre. Allí se definirá el futuro del Ejecutivo.
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