La comisión de Constitución del Congreso de la R...
No es exagerado sostener que el Estado comienza a implosionar en sus funciones y servicios porque el Gobierno de Pedro Castillo ha decidido priorizar el nombramiento de militantes y activistas vinculados a Perú Libre y al Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef).
¿Por qué están sucediendo semejantes cosas? Es evidente que, si un Gobierno nacional no designa a los mejores profesionales en los ministerios o sectores que tienen que ver con los servicios generales del Estado y la promoción de la inversión privada, sencillamente es porque no le interesa la gobernabilidad. De allí se puede concluir que el principal objetivo de la administración Castillo sigue siendo la instalación de una asamblea constituyente, y que cada uno de sus actos guardan coherencia con ese objetivo general.
Si bien el Ejecutivo no ha podido llevar adelante su plan de instalar una asamblea constituyente, de nacionalizar el gas y los recursos naturales, de implementar una segunda reforma agraria, de organizar las rondas a nivel nacional y otras iniciativas en contra de la Constitución y las leyes, al menos un sector del Estado comienza a ser utilizado para implementar los planes revolucionarios de Perú Libre y el Movadef. Un sector del Estado empieza a ser utilizado para “destruir el Estado burgués”
En ese sentido, el nombramiento de militantes y activistas en funciones principales del Estado tiene como objetivo construir el partido de la revolución. Es decir, la vanguardia que debe implementar el proceso revolucionario a través de la constituyente. Todo lo que sucede parece responder a esa lógica. Sin embargo, los resultados para la sociedad y los más pobres son devastadores.
Por ejemplo, ante la falta de voluntad de convocar a los mejores profesionales, algunas versiones sostienen que Palacio se ha convertido en territorio de “los chotanos”; es decir, de los paisanos y amigos del jefe de Estado. En el caso del sector de Energía y Minas la designación de Carlos Palacios, muy vinculado a Perú Libre, también responde a ese criterio. El actual ministro ha comenzado a nombrar en las direcciones a sus paisanos y algunos han comenzado a sostener que ahora es el universo de “los huancaínos”. A este paso, si bien el Ejecutivo no puede avanzar en estatizar minas o recursos naturales tampoco estará en condiciones de promover nuevas inversiones en el sector. Es algo extremadamente grave, trágico para el país, en momentos en que el precio de la libra del cobre sobrepasa los US$ 4.50 y las proyecciones indican que, gracias a los precios altos de los minerales, el Perú podría estar creciendo por encima del 6%.
Y si las cosas se complican en Energía y Minas, la ineficiencia y la incapacidad pueden terminar generando aduanas, procedimientos y sistemas de corrupción que ahuyenten a la inversión privada. En este escenario cualquier representante de una compañía extranjera es visto como un potencial burgués enemigo, como un adversario.
Algo parecido sucede con el nombramiento de Hernán Condori en el Ministerio de Salud (Minsa). Igualmente, los nombramientos de directores y funcionarios vinculados a la militancia y el activismo llevan a algunos a considerar a este ministerio como otro territorio de los huancaínos. Desde hace mucho tiempo ese estado de cosas también se presenta en el sector Transportes, otro sector clave vinculado a las inversiones en infraestructuras.
Más allá del nombramiento de Carlos Graham en el sector Economía, no parece haber mayores activos en el Gabinete para reconstruir la gobernabilidad en el Perú. Todo suma a favor de la polarización y el Consejo de Ministros comienza a ser manejado tal como se administraba el Gobierno Regional de Junín cuando Vladimir Cerrón ejercía el cargo.
En cualquier caso, la nueva ley del Congreso sobre la idoneidad de los funcionarios públicos debería permitir mayor fiscalización del Congreso y de la sociedad.
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