La estrategia del adelanto social en minería

El DL N°1334 —que crea el Fondo de Adelanto Social (FAS), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros— tiene la finalidad de financiar programas, proyectos o actividades orientados a cerrar o reducir brechas sociales. De esta manera, el DL plantea la posibilidad de desarrollar una estrategia diferente para enfrentar las estrategias del radicalismo antiminero, que buscan bloquear las inversiones mineras. El FAS es una forma de alianza entre Estado, empresa y comunidad —sobre la base del pago del pago futuro del canon y regalías de las compañías mineras— con el objetivo de implementar proyectos de desarrollo en las zonas adyacentes a las minas. El adelanto social debería reducir el margen de maniobra de los sectores antimineros y permitir también que los asientos de las llamadas “mesas de desarrollo” sean ocupados por dirigentes genuinos de los poblados, y no por quienes manipulan y asustan a la gente.

La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, ha destacado la importancia de la minería y ha adelantado que en Lambayeque, Arequipa, Piura, Junín y Loreto se comenzará a ejecutar el FAS. Si el Estado asume la decisión de promover el adelanto social en minería en las regiones mencionadas, entonces habrá comenzado un momento diferente para los grandes proyectos mineros en el país: después de varios años, una alianza entre Estado, comunidades y empresa privada retomaría la ofensiva frente al radicalismo minero, que ha logrado paralizar proyectos emblemáticos como Conga y Tía María. A través del adelanto social las zonas de influencia de los proyectos mineros avanzarán en la resolución de las brechas sociales acumuladas durante décadas y se convertirán en espacios impenetrables para el radicalismo.

La ministra Aljovín acaba de anunciar que en el presupuesto del 2018 se ha destinado S/ 50 millones para el FAS, monto que permitirá relanzar la presencia del Estado mediante obras de infraestructura, escuelas, postas médicas y carreteras, en diálogo directo con las comunidades y las poblaciones. En este contexto, el FAS debe convertirse en un instrumento que dinamice todos los proyectos pendientes y que genere un clima de paz social. Por eso, por ejemplo, seguimos celebrando la firma de un Acuerdo por el Desarrollo entre el Estado, las comunidades y la mina Constancia, para invertir en Chumbivilcas más de S/ 2,700 millones.

El presupuesto destinado para el FAS en el 2018 —a cuenta del canon y regalías futuras que pagarán las empresas mineras— es, entonces, un arma poderosa para incrementar la presencia del Estado y de la economía de mercado en general en las zonas más deprimidas del país. No se debe permitir que dirigentes radicales se apropien de las demandas de la gente para manipularlas según sus intereses personales, grupales e ideológicos. El FAS está llamado a ser el instrumento vital de las poblaciones en la larga lucha que el Perú debe desarrollar para superar la pobreza.