La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se acaba de señalar que la proyección del crecimiento de la economía peruana apenas llega al 1.7% del PBI. Nueve décimas por debajo de su anterior estudio. Es decir, una expansión económica con la que será imposible reducir la pobreza que afecta al 27.5% de la población, que suma más de nueve millones de peruanos. En este contexto, en las próximas elecciones nacionales del 2026 el Perú será una sociedad que aumenta la pobreza. Vale recordar que, en las últimas cinco elecciones generales, esta lacra social, de una u otra manera, se batía en retirada.
Todas las proyecciones sobre la economía peruana, entonces, revelan una tendencia a la baja, sobre todo por las olas insurreccionales luego del golpe fallido de Pedro Castillo y las lluvias y eventos climáticos. Las cifras, pues, no alcanzarán para reducir al monstruo de la pobreza. En este escenario, a las bancadas de la centro derecha que detuvieron la asamblea constituyente y formaron mayoría para detener el golpe de Castillo, ¿acaso no les preocupa que el discurso antisistema –que ya llevó al poder al presidente de Perú Libre– en los próximos comicios tenga como aliado clave el aumento de la pobreza? ¿Por qué no reaccionan hasta ahora?
Las preguntas van dirigidas a las bancadas de la centro derecha porque, en realidad, sobre ellas recae la responsabilidad del país, habida cuenta de que el Gobierno de Dina Boluarte es uno que deriva del gobierno anterior, carece de claridades programáticas y suele permanecer atrapado en las correlaciones políticas de la coyuntura. Si a las bancadas del Legislativo que salvaron al Perú de la constituyente no se les mueve una ceja por la triste evolución de la economía, entonces, todo está enturbiado.
En el Informe de Competitividad 2023-2024, del Consejo Privado de Competitividad, se registran cifras escalofriantes sobre lo que el Perú pierde porque sus dirigentes políticos no se deciden a relanzar el crecimiento y la inversión privada. Citando el índice de Complejidad de la Universidad de Harvard, se señala que el Perú ha perdido 20 puntos en el ránking mundial de competitividad. Se asevera que el crecimiento promedio era de 5% anual hasta el 2013, sin embargo desde esa fecha todo se ha precarizado hasta llegar al 3% en promedio de la actualidad. Y además está a la baja. Se informa que si no se hubiese perdido la tendencia de crecimiento, el PBI per cápita sería 20% superior al actual, la pobreza no sumaría el 27.5 de la población (sino 15%) y la informalidad sería significativamente muy baja.
¿El Congreso puede o no cambiar esta tendencia a la precarización de la economía? Claro que sí. Ante la caída de la inversión privada y el consumo se requiere señales poderosas que indiquen que el sistema en general vuelve a promover, convocar y proteger a la inversión privada, la única fuente estable de empleo y bienestar. En ese sentido el Congreso podría derogar inmediatamente los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –promulgados durante el Gobierno de Castillo– que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores y grupos económicos, y que liberalizan en extremo el derecho a huelga. Semejantes decretos, de alguna manera, convirtieron la legislación laboral en una parecida a la de cualquier país bolivariano.
Igualmente, el Legislativo, en el acto, podría restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que desató el milagro de las agroexportaciones, que aumentaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones de la actualidad. Esa misma ley ha posibilitado contratar a más de un millón de trabajadores formales de manera directa e indirecta. ¿Quién nos explica por qué se derogó una de las mejores leyes económicas de la República?
¿Por qué el Congreso no se decide a lanzar esas poderosas señales a favor de la inversión? Hay mayoría para hacerlo. ¿A qué le temen las bancadas de centro derecha? Deberían tener pánico a unas elecciones con aumento sostenido de pobreza.
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