La economía como protagonista de la constituyente

El proceso de destrucción nacional que ha desatado el Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef, como se dice, tiene muchas expresiones aterradoras: la quiebra del principio de autoridad democrática del Estado, la implosión de los servicios básicos del Estado y la metástasis de la corrupción en todos los niveles. Una consecuencia directa del nombramiento de militantes de Perú Libre, sin ninguna trayectoria de vida, profesional o técnica.

Sin embargo, en el aspecto que la estrategia de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones parece avanzar a paso firme es en el frenazo del crecimiento y la inversión privada. El Instituto Peruano de Economía (IPE) acaba de proyectar que la inversión privada se desplomará en 5% en el segundo semestre de este año. Si las cosas son así, ¿en cuánto caerá la inversión privada en el 2023? Perspectivas aterradoras.

Hasta hoy la oposición democrática a la constituyente y las nacionalizaciones no percibe el gigantesco papel que ha tenido el crecimiento y la inversión privada en la preservación de la institucionalidad democrática en las últimas dos décadas y para detener el proyecto de la constituyente. Vale recordar que,en los últimos 30 años el PBI se triplicó, la pobreza se redujo del 60% de la población a 20% antes de la pandemia, y la sociedad peruana se convirtió en una con mayoría de clases medias. Estos enormes acontecimientos económicos y sociales sucedieron incluso durante una crisis política que se volvió endémica. 

Los partidos y la clase política fracasaron en la organización de una política moderna y la reforma del Estado para acompañar el crecimiento. No es exagerado entonces sostener que la única explicación de la estabilidad política de las últimas dos décadas –cuatro elecciones nacionales sin interrupciones– fue el crecimiento económico. Si Castillo y las corrientes comunistas no logran imponer su constituyente es porque la economía y la continuidad de las clases medias generan una resistencia natural a las propuestas de expropiar, estatizar y regalar. Para entender la encrucijada: si el Perú hubiese sido una sociedad con mayoría de pobres, el Gobierno habría tenido un universo enorme para la demagogia.

Bueno, pues, sucede que el Gobierno, que no puede hacer su constituyente, sí está frenando la economía y derrumbando el crecimiento de la inversión privada. Hoy se proyecta un crecimiento sobre el 3% del PBI, igual o un poco más que las proyecciones de crecimiento mundial. Sin embargo, ese crecimiento apenas sirve para reducir la pobreza. Se ha repetido hasta la saciedad: en la medida que cada año se incorporan 270,000 jóvenes a la economía y, en la medida también que cada punto de crecimiento crea 90,000 empleos, es evidente que el país necesita crecer más de 3.5% para reducir la pobreza. Si las proyecciones señalan que la inversión privada caerá 5 puntos en el segundo semestre de este año y que las proyecciones son más sombrías para el 2023, es evidente que la sociedad avanza a un escenario en que la pobreza volverá a aumentar.

Vale recordar que hoy el Perú tiene alrededor del 25% de la población bajo pobreza, y que más del 35% está en situación de vulnerabilidad. Es decir, que cualquier adversidad económica puede empujar a este último sector a padecer el flagelo social de la pobreza.

Planteada las cosas así, vale preguntarse si las corrientes comunistas y colectivistas, ¿no han avanzado en su estrategia de instalar una asamblea constituyente en el Perú? Con la pobreza aumentando, ¿acaso los amagues de estatizaciones y nacionalizaciones no se convertirán en tablas de salvación para la gente, tal como sucedió en Venezuela?

Y por otro lado, las demoras de la oposición democrática en la derogación de los decretos que eliminan la tercerización laboral y empoderan a los sindicatos en contra de la inversión privada, ¿acaso también no revelan el triunfo de las corrientes colectivistas?