¡La destrucción del proceso republicano avanza sin cesar!

Los más de dos meses de gobierno de Pedro Castillo no solo han frenado en seco el proceso de crecimiento y reducción de pobreza de las últimas tres décadas, sino que amenazan con destruir todos los pilares y cimientos del proceso republicano de los últimos años.

Como ya lo hemos dicho más de una vez, el Perú en los últimos 30 años, luego de las reformas económicas de los noventa y la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, triplicó su PBI y logró reducir la pobreza, del 60% de la población a 20% hasta antes de la pandemia. La pobreza retrocedió y los nietos de los migrantes de mediados del siglo pasado se convirtieron en las clases medias emergentes que hoy abarrotan los malls de Lima y las principales ciudades. 

La pobreza persistió, sobre todo, en bolsones del área rural, es algo incuestionable. Sin embargo, nadie puede negar que el Perú experimentó el proceso de inclusión económica y social más importante de la historia republicana. Los grandes protagonistas de esta transformación fueron la inversión privada y los mercados populares. Hoy todos esos logros están en peligro con el anuncio del Ejecutivo acerca de convocar a una constituyente y con el terror económico que desatan las propuestas de nacionalizar el gas y lanzar “una segunda reforma agraria”. 

Al lado de los avances económicos y sociales, en el Perú se comenzó a construir una institucionalidad sin precedentes, con cuatro procesos electorales sin interrupciones y un sistema de equilibrio de poderes que desataba el optimismo sobre el futuro de la libertad. Al margen de críticas y cualquier cuestionamiento, el funcionamiento del Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras entidades, hacía posible controlar el poder y mantener las libertades.

Asimismo, la continuidad de una institucionalidad económica –expresada en el funcionamiento del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, Indecopi y las demás reguladoras– posibilitaba construir un sistema institucional que favorece la libertad económica y la inversión privada. Sin embargo, el crecimiento, la reducción de pobreza y la continuidad institucional, no tuvieron la compañía de un aspecto esencial del modelo: la redistribución de la riqueza que el Estado recaudaba a través de los impuestos del sector privado. 

Esa falla del modelo –por responsabilidad del gobierno central y también de los gobiernos regionales y locales– es usado como pretexto por los comunistas para derribar todos los avances económicos, sociales e institucionales de las últimas décadas, e instalar una asamblea constituyente para centralizar el poder.

El Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) y Perú Libre, corrientes comunistas ortodoxas que influyen decisivamente en el Ejecutivo, se han propuesto utilizar el gobierno no para gobernar y solucionar los problemas de exclusión que afectan a los pobres, sino para construir el poder alternativo al sistema republicano establecido en la Constitución.

Bajo esta estrategia, el gobierno de Pedro Castillo se convierte en un extraño agresor del sistema republicano, que se expresa en el nombramiento de decenas de funcionarios que no tienen la calidad profesional ni la idoneidad técnica para conducir el Estado. El sistema estatal, ya sea en las áreas económicas, sociales y la seguridad interna, de una u otra manera comienza a ser desmontado con el objeto de que la autoridad estatal implosione.

No solo entonces se busca frenar el crecimiento para que aumente la pobreza y la desesperación social, y se justifique una ola de expropiaciones y de nacionalizaciones del sector privado, sino que se pretende que el Estado implosione desde adentro: se mantienen el asedio al corredor minero del sur mientras fermentan nuevos conflictos sociales que, tarde o temprano, revelarán que el Estado comienza a ser desbordado por la sociedad en medio del frenazo económico.

Sin embargo, las corrientes comunistas en el Ejecutivo se equivocan de inicio a fin. ¿Cómo van a justificar la destrucción nacional en curso y luego proponer el camino de la asamblea constituyente? ¿Cómo van a eludir su responsabilidad luego de que algunas semanas de gobierno destruyeran tres décadas de reconstrucción nacional? Imposible.