La constituyente y la amenaza colectivista

La inconstitucional solicitud de cuestión de confianza —alrededor de cinco proyectos de reforma constitucional— presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no solo ha desatado un intenso debate constitucional sobre las facultades del Ejecutivo para imponer los plazos y los marcos de la aprobación de esas iniciativas (de lo contrario se cierra el Legislativo), sino que ha permitido conocer qué sectores promueven una nueva constituyente que redacte una Carta Política.

Si bien la mayoría de constitucionalistas comienza a dejar en claro que el Ejecutivo no puede plantear confianza en iniciativas de reforma constitucional (tema de inmunidad parlamentaria), porque no tiene poder constituyente (art 206 de la Constitución), también es evidente que el camino autocrático iniciado por el presidente Martín Vizcarra y el Gabinete del Solar, ha abierto las puertas a la amenaza colectivista, a la amenaza comunista. En las últimas dos décadas —en que se han sucedido cuatro gobiernos constitucionalistas sin interrupción— los marxistas, los comunistas, siempre han cuestionado la vigencia de la Constitución de 1993 por diferentes razones.

Hoy las bancadas de izquierda del Frente Amplio y Nuevo Perú y el grupo caviar —muy vinculado a la ONG IDL, autoproclamado “bancada liberal”—, han señalado que, no obstante estar de acuerdo con la confianza planteada por el Ejecutivo, votarán en contra de ella con el objetivo de cerrar el Legislativo. Y no se trata solo de cerrar el Legislativo, sino de convocar a una asamblea constituyente. Mientras tanto los sectores de la izquierda anticapitalista no parlamentaria se reunían en el Cusco para reforzar la estrategia a favor de la constituyente.

¿Por qué la obsesión colectivista de una nueva Carta Política? No solo se trata de redactar una Constitución que posibilite la perpetuación en el poder de un determinado sector político, sino que se busca acabar con el modelo de economía de mercado, con el modelo pro capitalista consagrado en la Carta Política. Sorprendentemente se busca liquidar a la economía que ha hecho posible reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, triplicar el PBI, expandir las clases medias como nunca en la historia y, no obstante la continuidad de los flagelos sociales, alcanzar el mejor momento económico y social de la República. La única explicación de esta ceguera histórica reside en la necedad ideológica.

La Constitución de 1993 establece el rol subsidiario del Estado, pero los comunistas pretenden que regrese el Estado empresario que desató la hiperinflación de los ochenta y que explica la tragedia de Venezuela y de la mayoría de países latinoamericanos. La Constitución de 1993 liberaliza los mercados y precios, pero los colectivistas buscan el regreso de los proteccionismos y los controles que causan la escasez y el desabastecimiento en Venezuela, hasta el extremo de desatar una crisis humanitaria. La lista de despropósitos comunistas es larga: abolir el libre comercio, la inviolabilidad de los contratos y los derechos de propiedad, que se han convertido en los pilares del modelo económico.

El camino autocrático que ha empezado el gobierno de Vizcarra está alentando propuestas descabelladas como la convocatoria a una constituyente para acabar definitivamente con el camino virtuoso iniciado tres décadas atrás. Pero no solo se trata de alientos. En la práctica la guerra política que ha iniciado el Ejecutivo para controlar instituciones está ahogando a los mercados y ralentizando el crecimiento a niveles impensados. El primer trimestre de este año la economía apenas creció 2.5%, un crecimiento con el que no se puede seguir reduciendo pobreza. Los economistas hoy afirman que es casi imposible conseguir una expansión de 4% el 2019.

A este paso los promotores de la constituyente tendrán todos los argumentos —con la parálisis económica en curso— para agitar a favor de una nueva Constitución que elimine la economía de mercado.