La constituyente y el Runasur pretenden fracturar el territorio nacional

El evento llamado Runasur –ya cancelado, pero inicialmente convocado para el 20 y el 21 de diciembre en el Cusco por el ex presidente boliviano Evo Morales y las corrientes colectivistas vinculadas al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla– pretende crear una república aymara que significaría la quiebra de la unidad territorial del Perú para beneficiar a los intereses de Bolivia. ¿Por qué en este portal sostenemos que hizo bien el Perú en rechazar el cónclave llamado Runasur?

Como todos sabemos, las localidades y comunidades de habla aymara suman aproximadamente dos millones de ciudadanos. De ese total 1.7 millones están en Bolivia, medio millón en Perú y menos de 20,000 en Chile. El proyecto de la república aymara, entonces, tiene como eje a Bolivia y como “padre fundador a Evo Morales”. En otras palabras, estamos frente a una estrategia geopolítica boliviana, envuelta con el discurso gaseoso y artificial de “los pueblos originarios”. Si a esto le agregamos la geopolítica boliviana de crear un puerto boliviano en la costa peruana, es incuestionable que el Perú y la peruanidad están amenazadas por el mencionado proyecto bolivariano.

Para avanzar en el proyecto de la república aymara y la destrucción del territorio nacional del Perú, el eje bolivariano necesita instalar una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución que consagre la llamada “república plurinacional con equidad de género”. 

¿Por qué sostenemos semejante tesis? La Constitución Política del Perú, en el artículo 54, señala que “el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre…”. Igualmente, en el artículo 43, se sostiene lo siguiente: “…El Estado es uno e indivisible…Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.

Fracturar la unidad del territorio nacional e instaurar “una república plurinacional” –es decir, un gobierno que no se fundamenta en el sistema representativo– requiere cancelar la Constitución de 1993. Si observamos el asunto desde las propuestas de los sectores antimineros y anti inversión –que pretenden “una nueva reorganización del territorio” para que los gobiernos regionales, en consulta con “las organizaciones sociales”, decidan qué actividades económicas se pueden realizar en las provincias– igualmente estamos ante un claro intento de fracturar el sistema de gobierno representativo (elección nacional del Ejecutivo y el Congreso) y la integridad del territorio.

La base de esta ideología es el llamado multiculturalismo que, a nuestro entender, es “una simple cubierta cultural” de los viejos proyectos bolcheviques de instaurar repúblicas soviéticas. Es decir, sistemas en base “los pueblos originarios” y organizaciones sociales.

La idea de los pueblos originarios en las zonas quechuas, aymaras y guaraníes no resiste el menor análisis porque todas estas sociedades y culturas son productos de un intenso mestizaje entre los pueblos prehispánicos y la herencia española. En las poblaciones quechuas y aymaras todo es mestizaje: las gramáticas de ambas lenguas fueron redactadas por sacerdotes españoles y la organización de las comunidades campesinas y las vestimentas de los hombres rurales son copias de las tradiciones de Castilla de España.

Algo más. La idea del Perú y de la peruanidad no pueden ser comprendidas al margen del intenso mestizaje que se produjo con la Conquista, el Virreinato y la República. En el Virreinato se creó y se protegió el mundo indígena, pero en la independencia y en la República se arrebataron las tierras a las comunidades campesinas.

Bajo este yerro imperdonable de la independencia, ahora los comunistas y colectivistas arman el relato de los pueblos originarios para arremeter contra el Perú, contra su integridad territorial y el mestizaje, no obstante que Lima es la mayor ciudad andina del país. ¡No lo permitamos!