¡La Constitución no se negocia! ¡Se defiende a cualquier costo!

La idea de defender la Carta Política a cualquier costo parece una imagen del pasado, inviable en este presente en que los hombres se han sumergido en los individualismos más acentuados, en que el concepto de politeia que utilizaba Aristóteles para referirse a los regímenes que defendían el “bien común”, ya no parecen ir más. Sin embargo, la historia de las grandes repúblicas —pasando por la de Roma, de las ciudades del renacimiento, hasta las revoluciones inglesa y estadounidense— está plagada de ejemplos heroicos de ciudadanos que lo sacrifican todo por la grandeza de sus instituciones republicanas y la libertad.

¿A qué viene, pues, esta imagen anacrónica para referirse a nuestra realidad?, diría cualquier integrante de nuestra élite indiferente. A nuestro entender, las instituciones republicanas en el Perú —que funcionan desde hace dos décadas, a través de cuatro elecciones sin interrupciones— enfrentan una disyuntiva impostergable: se preservan como tales o son devoradas por la ofensiva plebiscitaria que lidera el presidente Vizcarra con el respaldo de todos los sectores comunistas y caviares. 

Hoy la punta del iceberg de esta estrategia es la propuesta de reformar la Constitución para adelantar las elecciones, como si la Carta Política fuese el simple reglamento de la junta de propietarios de un edificio. La cosa es simple: si el jefe de Estado puede imponer el adelanto electoral de los mandatos del Ejecutivo y el Congreso, entonces también puede proponer que se perpetúe su permanencia en el poder. Semejante posibilidad está expresamente prohibida en la Constitución porque el jefe de Estado no puede observar una reforma constitucional y menos puede plantear una cuestión de confianza y disolver el Legislativo por el tema del adelanto de elecciones. Imposible, a menos que en el Perú se produzca un golpe de Estado del Ejecutivo sobre las demás instituciones republicanas.

De allí que sorprenda en extremo que existan ciertos sectores que pretenden negociar con el Ejecutivo la posibilidad de adelantar las elecciones en seis u ocho meses, con respecto al cronograma constitucional, para hallar una salida. Las mencionadas corrientes no entienden en qué consiste una república o están bajo extraña presión de los sectores comunistas y caviares, que alientan el asalto plebiscitario para controlar instituciones de cara hacia la próxima elección nacional.

El asalto plebiscitario que lidera el presidente Vizcarra consiste en gobernar, en imponer reformas constitucionales y legales, en base a los números elaborados por las encuestadoras contratadas por el Ejecutivo y las portadas y reportajes de algunos medios de comunicación. De ninguna manera significa gobernar en base a la Constitución y las leyes. Por ejemplo, Vizcarra impuso las cuatro reformas del referendo pasado, que han terminado bastardeando nuestro sistema político —unicameralidad sin reelección y estatización de las campañas en radio y tv— no obstante que la Carta Política prohíbe expresamente al Jefe de Estado observar reformas constitucionales. En otras palabras —como en Venezuela y Bolivia— Vizcarra expropió el poder constituyente consagrado en la Carta Política. A eso se llama, entonces, asalto plebiscitario.

De allí las encrucijadas que plantea la propuesta del adelanto general de elecciones. Si el Congreso acepta esta fórmula o negocia retaceando el cronograma constitucional establecido en la Constitución, el asalto plebiscitario habrá triunfado. En este contexto, hablar de que la Constitución se defiende con la vida no es una exageración intelectual. Si existe la voluntad de defender la Carta Política cueste lo que cueste, estamos seguros de que la actual experiencia republicana echará raíces más profundas y se convertirá en un árbol sólido y duradero, difícil de derribar por futuras ofensivas plebiscitarias. La República del Perú habrá adquirido la grandeza de las grandes repúblicas de la historia.

En el camino de la defensa de las instituciones republicanas hay persecución y presos políticos, existen muertos, hay difamaciones contra hombres de honor y todo tipo de infamias que ha lanzado la corrupción aliada con los sectores comunistas y caviares. La única manera de liberar a los presos políticos y alejar las infamias, entonces, es salvando la República. La idea de que la Constitución se defiende a cualquier costo -incluso con la vida-, pues, es demasiado actual.