La caída de Evo y el sur del Perú

El derrocamiento de Evo Morales como jefe de Estado de la nación altiplánica, luego de un fraude electoral que fue sancionado por la Organización de Estado Americanos y la empresa privada contratada por el propio Tribunal Electoral para desarrollar la correspondiente auditoría, no solo tiene efectos geopolíticos a nivel de América Latina, particularmente de América del Sur, sino también Importantes consecuencias en el sur del Perú. Como se recuerda, los gobernadores regionales de Arequipa (Elmer Cáceres), de Puno (Walter Aduviri) y de Moquegua (Zenón Cuevas) hace algunos meses formaron una especie de convergencia para promover la distribución del gas boliviano y, en general, todas las estrategias de Evo Morales con respecto al sur del Perú. Como se sabe también, el sur del Perú es posiblemente una de las zonas com mayor potencial para la explotación del cobre a nivel del planeta. 

En ese contexto, los gobernadores del sur respaldaban todas las estrategias antimineras que buscan bloquear a las principales minas emplazadas en el Corredor Vial del Sur —es decir, Las Bambas, Cerro Verde, Antapaccay y Constancia, entre otras—, que representan más del 50% de la producción de cobre del país y que agregan más de 1% al PBI. Por otro lado, los mencionados gobernadores fomentaban todas las estrategias con las que Bolivia pretendía convertirse en distribuidor de gas en esas regiones, un gas que evidentemente iba a ser subsidiado por el gobierno boliviano, con claros objetivos políticos.

Esta estrategia —que combinaba a gobernadores regionales, con activistas antimineros y toda una red anti inversión nacional e internacional— se desarrollaba amparada en una leyenda: las supuestas bondades del modelo económico de Bolivia. El argumento era que Bolivia crecía por encima del promedio latinoamericano, lo cual es verdad y tiene que ver con el tema del gas, y el precio de los recursos naturales. Sin embargo, estas cifras de crecimiento escondían la tragedia que hoy ya se conoce: Bolivia enfrenta un gran déficit fiscal acumulado que tendrá que resolver el próximo gobierno democrático a elegir.

El señor Evo Morales, desde el 2014 hasta el 2018, estuvo acumulando un déficit por encima del 5% o 7%, hasta llegar al 8%. Se calcula que al llegar al 2019 ese déficit superará el 8% y podría acercarse al 9%. En otras palabras, se nos vendía una ilusión sobre las cifras del PBI, olvidando el déficit fiscal, el incremento de la deuda pública boliviana y, sobre todo, ignorando que el PBI boliviano no representa ni el 20% del PBI peruano, y que apenas suma el 40% del PBI per cápita de nuestro país. Con todos estos hechos se pretendía exportar el modelo boliviano como la gran fórmula que los peruanos teníamos que seguir. Y esa era la leyenda que se difundió en el sur.

Bueno, pues, luego de conocerse estas cifras —que nos indican una posible tragedia económica en Bolivia si no hay un ajuste responsable y serio—, y luego de conocerse el incuestionable fraude electoral que desarrollaron Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral del país altiplánico, resulta evidente que no hay modelo a exportar. En cambio, el modelo económico peruano en 30 años ha reducido la pobreza del 60% de la población a solo 20%, y permitido crear una sociedad de clases medias (precarias pero que finalmente abandonaron la pobreza) que ha crecido en base a la inversión privada, una inversión que representa el 80% del total de las inversiones y que explica más del 75% del total de la reducción de pobreza en el país. Por eso, los peruanos tenemos que ratificar nuestro modelo y preservar, profundizar y reformar las cosas que han funcionado.

Es evidente que hay cosas que no han funcionado. Por ejemplo, el Estado peruano no se ha reformado. El Estado peruano no ha sido capaz de ofrecer buenos servicios en educación o en salud, ni ha generado la infraestructura que permita mejores sistema de transporte, de energía y de conectividad. Asimismo el Estado peruano se ha llenado de tal cantidad de sobrerregulaciones que la economía de mercado, consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales, en la práctica se ha vuelto letra muerta. Es decir, que el Estado ha fracasado en todas las dimensiones.