La amnistía, el sueño del radicalismo antiminero

El congresista Richard Arce, de Nuevo Perú, ha propuesto una ley de amnistía para los violentistas en Las Bambas que, en la práctica, desarmaría al Estado y neutralizaría a los policías, a los jueces y fiscales frente a los radicales antimineros que, utilizando la violencia, suelen bloquear inversiones mineras y en recursos naturales. Una violencia que, incluso, llega al ataque a los efectivos policiales. En este contexto, se produce pérdidas de vida de ciudadanos y policías, que impactan en la opinión pública nacional. Bueno, Arce pretende que el Legislativo apruebe una ley para establecer amnistías para todos estos delitos. El argumento: amnistiar a los dirigentes, pobladores y asesores de la localidad de Fuerabamba (Cusco) denunciados en el Ministerio Público por el delito de extorsión, antes y durante el bloqueo de la carretera que conduce de la mina al puerto de Matarani, en la zona de Yavi Yavi.

En la medida que una amnistía es una ley general —a diferencia del indulto, que es particular— extinguiría todos los delitos (con sentencia o sin ella) contra la propiedad privada y pública, contra la vida, el cuerpo y la salud, y las extorsiones que han cometido los sectores violentistas para bloquear o paralizar inversiones mineras. Es lo que ha sucedido en Bagua, en Conga y en Tía María; y lo que está pasando en Las Bambas y en las minas del Corredor Minero del Sur, en donde se produce el 60% del cobre nacional.

La idea de la amnistía surgió la semana pasada en la denominada Primera Mesa Técnica de Justicia y de Derechos Humanos, instalada en el distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas (Cusco), para resolver el conflicto de Las Bambas. En el acto el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, del gobierno de Vizcarra, apoyó la propuesta y fue más allá: dejó entrever que los magistrados están favoreciendo a la empresa. ¿Acaso el gobierno de Vizcarra pretende destruir todo lo que se ha construido en los últimos 30 años de economía?

Aquí no vamos a caer en el maniqueísmo de señalar que los conflictos mineros solo se explican por la acción de los antimineros. Es evidente que todo ser origina en el fracaso del Estado al redistribuir la renta minera —que cobra mediante impuestos— a través de carreteras, escuelas, postas médicas, infraestructura y servicios en general. El Estado no hace nada pese a tener los bolsillos repletos de dinero. En esta situación aparece el radical antiminero o el simple extorsionador quienes, en vez de desarrollar alianzas población y empresa para emplazar al Estado, buscan demonizar a las compañías atribuyéndoles la responsabilidad de las injusticias.

Los propios observatorios de los conflictos mineros que promueve la izquierda y los sectores anticapitalistas en el Perú registran que en los últimos años hubo 50 muertos y 750 heridos como consecuencia de la violencia social alrededor de los proyectos mineros. Los sectores anticapitalistas suelen señalar que estos trágicos desenlaces se debe a lo que ellos llaman “la criminalización de la protesta”.

Para comprobar la veracidad de la tesis de los sectores anticapitalistas es necesario recordar que en el Perú es el único país de América Latina en donde se asesina a policías. Por ejemplo, cuando 200 policías intentaron restablecer el tránsito en Mollendo, por el pasado conflicto en Tía María, cuatro fueron cercados por una turba. Los violentistas arrojaron a los policías una hondonada y a uno de ellos se le destapó el cráneo. ¿La amnistía propuesta extinguiría los delitos que el Estado debe perseguir contra estos desadaptados? El asesinato de policías se convierte en una práctica recurrente: en la estación de Imazita (Bagua) 12 policías fueron degollados y en la Curva del Diablo otros 11 fueron asesinados. El mayor PNP Bazán, igualmente, desapareció luego de haber sido secuestrado, tal como se registra en los videos.

La lista de asesinatos policiales sigue. Dos policías fueron asesinados por francotiradores en el desalojo del bosque de Pómac en Lambayeque. ¿Cómo entonces se puede hablar de criminalización de la policía?

Las campañas que se desarrollan buscando desarmar jurídicamente a la policía —encabezadas por IDL y las ONG marxistas— con el argumento del “uso desproporcionado de la fuerza” pretenden crear “zonas liberadas” alrededor de las zonas mineras en donde la policía, los fiscales y los jueces se inhiban de aplicar la Constitución y la ley. Aprobar una ley de amnistía, entonces, que beneficiaría a los radicales antimineros y otro tipo de desadaptados, simplemente alentaría a los extremismos a embestir contra la inversión privada. Terrible.