Investigaciones selectivas destruyen democracia

Los cuatro allanamientos de locales, casas y oficinas institucionales, que intentan vincularse a las investigaciones a Fuerza Popular, y el silencio y la abulia fiscal con respecto a otros líderes y partidos comprometidos en las declaraciones Marcelo Odebrecht y Jorge Barata dejan en claro que en el Perú existen investigaciones selectivas. Como sabemos las campañas electorales de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala y Susana Villarán habrían recibido financiamiento de Odebrecht, según las diligencias en Brasil. Sin embargo el Ministerio Público solo ha allanado de la manera más torpe e injustificada los locales vinculados a Fuerza Popular.

¿Acaso el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, avala los impulsos antifujimoristas del fiscal Domingo Pérez? Porque no se necesita ser demasiado zahorí para comprender que Pérez no encontrará nada en los señalados allanamientos. ¿Acaso alguien puede imaginar que los supuestos delitos de un partido se guardan en las computadoras oficiales? Los allanamientos, entonces, no apuntan a recabar pruebas, sino a la judicialización del investigado. Es decir, desarrollar actos de investigación —como los allanamientos— para conseguir primeras planas, arrinconar al adversario y llegar a los extremos de la ridiculez apasionada. Como el intento de detener a Jaime Yoshiyama por la posesión de un arma de varias décadas atrás, una reliquia guardada en el desván.

El allanamiento del local de la CONFIEP para, supuestamente, incautar documentos de un aporte bancarizado y legal de Odebrecht —que cuenta con el certificado de donación correspondiente— para una campaña en defensa de la economía de mercado es otro despropósito que nos revela el terrible daño que le hacen a la democracia quienes utilizan las instituciones para ventilar sus pasiones.

En todo caso, las acusaciones en contra de toda la clase política, la casi perpetua crisis política desatada luego de la coyuntura vacancia/indulto y la nueva moción multipartidaria solicitando la vacancia presidencial, nos revelan que el Perú no solo enfrenta una crisis de gobernabilidad, también que la extrema judicialización de la política puede encumbrar a fiscales allanadores y jueces caneros —que actúan con extrema irresponsabilidad— como actores principales de la democracia.

En cualquier caso resulta una terrible noticia para la libertad. Todos los peruanos de buena voluntad esperamos que ante la crisis y desprestigio de la clase política, frente al entrampamiento Ejecutivo versus Legislativo por la coyuntura vacancia/indulto, y la nueva moción de vacancia presidencial, las autoridades del sistema nacional de justicia asuman su responsabilidad y procedan con equilibrios y de acuerdo a ley.

Claro que se puede argüir que los allanamientos son legales. Nadie discute ese hecho. Lo que está en discusión son los equilibrios y equidistancias que deben existir en cualquier sociedad abierta. ¿Por qué? En una sociedad polarizada, en la que se han perdido los equilibrios, la tensión entre los bandos jalonea y estira a la ley y las instituciones hasta que, de pronto, la ley es estirada como un chicle para jaquear al adversario político. Algo así de ninguna manera puede seguir pasando en la democracia peruana.

El Ministerio Público tiene el deber y la obligación de restablecer los equilibrios y evitar a cualquier costa las investigaciones selectivas. Sobre todo porque aparece comprometido en una polarización política que, tarde o temprano, lo afectará como institución. En todo caso, si no hay rectificaciones nuestra política empieza a convertirse en una guerra de todos contra todos, en la que políticos e instituciones participan de una mutua destrucción.