¡Infraestructuras institucionales, legales y físicas, para relanzar el Perú!

El Perú ha ingresado a una peligrosa etapa de ralentización del crecimiento económico que, de ninguna manera, alcanza para seguir reduciendo la pobreza. Todas las proyecciones de expansión económica se ubican por debajo del 3%, cifras con las que es imposible crear los cerca de 300,000 empleos que demandan los jóvenes que, cada año se incorporan a la economía. Para entender la gravedad de las cosas: un punto del PBI genera aproximadamente 90,000 empleos. Para reducir la pobreza, pues, necesitamos al menos crecer sobre el 4% del PBI.

No podemos seguir quejándonos acerca de la labor destructiva del Gobierno de Pedro Castillo y sus intentos de convocar una constituyente. Si bien estos hechos explican la caída de la inversión privada y que no existan nuevas inversiones en el Perú, hoy la responsabilidad solo reside en el Ejecutivo y el Congreso, en su capacidad de sacar adelante reformas que impulsen el crecimiento del país y el proceso de reducción de pobreza.

Para relanzar la inversión privada –que representa el 80% del total de lo invertido en el país, el 80% de los ingresos del Estado y la generación de más del 80% del empleo– necesitamos resolver el déficit en las infraestructuras institucionales, legales y físicas. Es decir, necesitamos reformar los rieles sobre los cuales viajan el conflicto político y las inversiones y los mercados. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el Congreso está en la obligación de avanzar hacia el bicameralismo para perfeccionar el control y el equilibrio de poderes. Igualmente debe derogar la absurda prohibición de la reelección de los congresistas. Necesitamos una mejor representación política y superar las disputas de los poderes del Estado para desarrollar predictibilidad.

Asimismo, el Ejecutivo y el Congreso deberían converger para simplificar y reformar el sistema tributario, flexibilizar el régimen laboral y avanzar en la reforma de los sistemas educativos y de salud. Sobre este contexto, la simplificación de las sobrerregulaciones y procedimientos del Estado debería permitir la emergencia de un Estado alejado de la burocracia y que se ponga del lado de la sociedad, de los mercados emergentes y de la inversión privada. Un Estado simplificado de alguna manera exige reformar y reducir el gasto público.

Desarrollar estas reformas significa transformar el sistema institucional y legal para relanzar al país. Sin embargo, las infraestructuras legales nunca serán suficientes para impulsar una sociedad. Se necesita que todos los ciudadanos cuenten con agua, desagüe, electricidad, carreteras, puertos, escuelas, hospitales, conectividad digital y otros. Es decir, se necesitan las infraestructuras físicas para el desarrollo.

En los últimos años por los problemas de la corrupción pública, el Perú ha detenido sus inversiones en infraestructuras, y los retrasos se pueden convertir en los peores enemigos del crecimiento. En ese sentido necesitamos actualizar y reformar la legislación sobre asociaciones público-privadas y el sistema de obras por impuestos para agilizar los procesos de inversión. El asunto es demasiado grave. Uno de los estudios más serios sobre el problema fue desarrollado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico. Se consideró el periodo 2016-2025 y se estableció que el déficit sumaba alrededor de US$ 160,000 millones, sobre todo en los sectores transporte y energía, que sumaban más de US$ 80,000 millones.

Ahora bien, en la medida que las inversiones en infraestructura se han paralizado en el país, es incuestionable que esas cifras deben haberse engrosado. Es evidente, pues, que la negativa y el retraso en desarrollar reformas están convirtiendo al país en una verdadera bomba de tiempo, sobre todo considerando que nuestra sociedad ha vuelto a ser una que aumenta pobreza, y que el sentimiento antisistema sigue vigente y acechando al sistema de libertades políticas y económicas.