Informalidad: ¿de regreso a los ochenta?

Los yerros acumulados del Ejecutivo y del Ministerio de Salud (Minsa) en la contención de la pandemia no solo han posibilitado que explosionen las infecciones, sino que comienzan a destruir todos los activos económicos y sociales que el sector privado (con sus inversiones) había construido en tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza. En estos treinta años de economía abierta, el Estado fracasó en todas las actividades y, durante la actual pandemia, ese mismo Estado pretende empujar a la sociedad hacia el abismo.

En su desesperación por ocultar el fracaso en el manejo de la pandemia, los burócratas colectivistas convencieron a los demás miembros del Ejecutivo de que la reactivación económica era un factor más. Y entonces, se implementó un confinamiento ciego, sin inteligencia sanitaria. La indolencia y la frivolidad de estos funcionarios ideologizados no conoce límites. Pero como antes de la pandemia el 60% de la economía y la sociedad era informal (y el 72% de los trabajadores también participa de esta extralegalidad), las sociedades informales, los mercados populares, simplemente desbordaron la autoridad del Estado y salieron a trabajar. ¡Santo Dios! ¿Quién puede dejar de trabajar tres meses y medio? ¡Solo un burócrata que no ha perdido nada con el confinamiento porque recibe su sueldo entero, pues los recursos fiscales provienen en un 85% del sector privado!

Sin embargo, el resultado del confinamiento medieval ha sido devastador. Por ejemplo, los más de 100,000 trabajadores de Gamarra que trabajan en los 30,000 talleres han salido a vender en todas las calles perpendiculares a la avenida México. Se calcula que hoy se han emplazado más de 60 mil ambulantes y no hay fuerza que pueda desalojarlos. Igualmente, en las aceras de las avenidas Abancay se han instalado ferreterías ambulantes, que provienen de los negocios formales de los jirones Paruro y Pachitea. Algo parecido sucede en la avenida Wilson, en donde los comerciantes formales han salido a las calles a vender computadoras y equipos eléctricos, ofreciendo boletas y facturas e, incluso, la posibilidad de pagar con tarjetas Visa.

¿Qué está sucediendo entonces? Es evidente que los propios comerciantes que la sociedad había ganado para la formalidad hoy ejercen de manera informal, pero con un agravante: una tienda grande puede subcontratar a varios vendedores para que se emplacen en las aceras de la ciudad. Algo parecido está sucediendo en la Victoria y las calles de Lima. El efecto es devastador: en vez de hacer una alianza con los mercados emergentes para establecer criterios de distancia social, el uso de tapabocas, el lavado de manos e incluso la medición de temperatura de los clientes, el Estado ha decidido ignorar a los pequeños empresarios y negocios. Terrible.

Pero no vaya a creerse que solo se trata de la informalidad vinculada a los emporios comerciales que no pueden funcionar. El hambre y la falta de empleo está impulsando a muchas familias mesocráticas en Surco, Miraflores, Barranco y otras zonas medias, a abrir negocios en las puertas de sus casas. Y si revisamos los negocios que aparecen en Facebook nos percataremos de que la explosión de la informalidad es superior a las infecciones. No sería extraño que la final de esta tragedia solo el 20% o 15% de la economía se quede en la formalidad.

Sin embargo, la explosión de la informalidad también es una posibilidad. Por ejemplo, representa una reacción pacífica, constructiva, al intento de los burócratas colectivistas de ahogar al sector privado, mediante sobrerregulaciones realmente alucinantes, para luego plantear controles de precios, regulación de mercados y estatizaciones. El mundo emergente ha obligado a echar a andar la economía y, en la práctica, está salvando a muchas empresas formales –grandes y medianas– de la quiebra.

De otro lado la reacción pacífica de las sociedades informales, frente a la decisión del Estado de prohibirles trabajar por tres meses y medio, pone en evidencia el resultado de las sobrerregulaciones: informalidad y más informalidad. De allí que el Perú de buena voluntad, la gente consciente del Ejecutivo y el Congreso, debería empezar una gran movilización nacional para desregular el Estado. Eliminar procedimientos innecesarios obliga a eliminar regulaciones, obliga a cerrar ministerios sin utilidad (ministerios del Ambiente, Cultura, de la Mujer, Midis y otros) y posibilita reorientar recursos hacia los sectores de Salud y Educación.

Este movimiento a favor de la formalidad no solo significa eliminar sobrerregulaciones, ministerios y burocracias doradas, sino también una reforma tributaria integral que elimine los sistemas existentes, que fomentan el enanismo empresarial y las evasiones. Pero una reforma tributaria integral solo será posible con menos impuestos, devolviendo recursos a la sociedad y a la reinversión, en vez de que sean consumidos por burocracias doradas ineficientes.

Las cosas entonces están claras. O formalizamos el país para enfrentar la pandemia y la recesión o cedemos a las estrategias colectivistas que fomentan el caos para pescar en río revuelto.