¿Hay república sin acuerdos?

La idea de un sistema republicano se basa en la búsqueda del llamado bien común aristotélico, el gobierno de las instituciones, las leyes, sobre los individuos y las mayorías circunstanciales; y sobre todo, de la pretensión de controlar el ejercicio del poder político. Sin embargo, esos pilares del sistema republicano solo pueden funcionar en base a acuerdos y pactos de los actores, que se expresan en una Carta Política, un sistema de leyes y un aparato de coerción aceptados por todos.

En el Perú, desde las elecciones del 2016, se desató una guerra política alimentada por los vencidos y vencedores de hoy. Desde el referendo pasado las reformas constitucionales y políticas, y la “llamada lucha contra la corrupción”, han significado el triunfo de una mayoría sobre una minoría circunstanciales. A entender de este portal, este proceso ha significado una mayor desinstitucionalización del país. El cierre inconstitucional del Congreso en base al argumento de “la denegación fáctica de la confianza” fue –según nuestro criterio– el momento límite de este proceso.

En este escenario, las instituciones se han convertido en un campo de batalla de los sectores en pugna, tal como lo apreciamos en los cuestionamientos a la elección de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia por “haber sostenido conversaciones telefónicas con personajes cuestionados” y el intento de un sector del Tribunal Constitucional (TC) de “constitucionalizar la denegación fáctica”.

La guerra política, y la consecuente desinstitucionalización, también está cargándose los fundamentos del modelo económico que posibilitó reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%. Hoy la economía no puede combatir este flagelo social con crecimientos que apenas superan el 2%. El asunto tiene que ver con el entorno internacional, pero fundamentalmente con la ausencia de una nueva oleada de reformas económicas y sociales.

Hoy, por ejemplo, las elecciones al Congreso abren la posibilidad de que los vencedores y vencidos circunstanciales cambien de lugar. En el acto, el TC se convierte en una zona de guerra, con el argumento de que una nueva mayoría en el Legislativo podría vacar al jefe de Estado si es que no se constitucionaliza “la denegación fáctica”. Con semejantes criterios, poco a poco la guerra política se va devorando la Constitución, las instituciones y el modelo económico, en el preciso momento en que Sudamérica se convierte en una zona de estallidos sociales.

Por todas estas consideraciones si queremos seguir construyendo instituciones republicanas, la guerra política debe terminar. Y uno de sus primeros acuerdos debe ser, luego de las elecciones al Congreso, garantizar el cumplimiento del cronograma constitucional hacia el 2021, cueste lo que cueste. Sobre la base de esta primera aproximación, otro eje del acuerdo debería ser la defensa de la Carta Política y del régimen económico establecido en ella, que ha posibilitado el mejor momento económico y social de nuestra historia republicana.

En base a estos entendimientos, se podría avanzar en la elaboración de un paquete de reformas económicas mínimas (reformas laboral, educativa, de salud, y solución de los déficits de infraestructura) que relancen el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, objetivos fundamentales a conseguir para alejarnos de las convulsiones que sacuden a nuestros vecinos.

En otras palabras, defensa de la Constitución, del modelo económico y relanzamiento del crecimiento se podrán convertir en enormes espacios para la convergencia, para detener la guerra política y el deterioro de las instituciones. En base a estas aproximaciones se podrán avanzar en la desjudicialización de la política y las reformas constitucionales y políticas que, de una u otra manera, se han convertido en el origen de las guerras políticas que se libran en el país.

Si no se puede defender la Constitución y el modelo económico, entonces, es más que evidente que se hace la guerra política porque se está del otro lado del mostrador. Es decir, se busca acabar con el proceso de construcción de instituciones republicanas y convocar a una asamblea constituyente.