La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Cuando un ex jefe de Estado formula propuestas que presuponen fracturas de la unidad territorial de un determinado país sin que el presidente en ejercicio lo desmienta, ¿acaso no estamos ante “una política de Estado encubierta” entre naciones vecinas? Evo Morales, el actual mandamás en Bolivia, por sobre cualquier institución, se ha convertido en el embajador de la llamada “república aymara” o república del sur del Perú, que presupone la fractura del suelo patrio, en el cual se construye la peruanidad durante más de dos siglos.
En el caso de Bolivia, ¿las propuestas de Morales con respecto a la fractura de la unidad territorial del Perú representan una política de Estado? Formalmente no, porque Luis Arce es el presidente del país altiplánico. Sin embargo, en los hechos, Evo Morales es una especie de caudillo bolivariano del Movimiento de Acción Socialista (MAS), una especie de poder detrás del trono, a tal punto que todos sus opositores están encarcelados y perseguidos sin ninguna razón jurídica. Tal es el caso de la ex presidente Janine Añez y de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. El mensaje que ha enviado Morales se resume en que nadie se puede meter con el caudillo de Bolivia, de lo contrario, morirá en la cárcel.
Desde que Morales llegó al poder y se reeligió en varias ocasiones ha tenido una permanente injerencia en los asuntos internos del Perú, sobre todo con la propuesta de la república aymara o la república del sur del Perú. Incluso, durante el Gobierno de Castillo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso lo declaró persona no grata.
Luego del proceso insurreccional que sucedió al fallido golpe de Castillo, las denuncias de las injerencias de Morales en el sur del país se han multiplicado de aquí para allá. En ese contexto, las vanguardias comunistas y los activistas del Foro de Sao Paulo han vuelto a plantear la propuesta de “la república del sur del Perú”. Es incuestionable que detrás de la estrategia expansionista de Morales está el objetivo de fracturar la unidad territorial del país para resolver el problema de la mediterraneidad de Bolivia, un problema en el que no tiene nada que ver nuestro país.
La estrategia expansionista panandina de Morales entonces pretende anexar la costa peruana del sur. E igualmente, se propone capturar los ingentes yacimientos de cobre y de litio del sur y del altiplano peruano.
Por todas estas consideraciones, el Gobierno de Dina Boluarte debería prohibir el ingreso permanente de Morales al Perú. Es una decisión que corresponde al Ejecutivo y se implementa a través del Ministerio del Interior y la Cancillería. Si el nuevo Gobierno no asume esta decisión, entonces, estaría contemplando atónito cómo se desarrolla una estrategia de secesión territorial sin necesidad de desarrollar una guerra convencional de parte de un país vecino.
Durante el siglo XX las estrategias expansionistas de un estado sobre el territorio de otro siempre se desarrollaron sobre la base de una guerra convencional, que movilizó los ejércitos de los países comprometidos. Hoy, en el mundo de la posmodernidad, en el universo de los relatos parciales, las anexiones y secesiones se desarrollan en base a la guerra cultural. Con el cuento de la república aymara –un idioma cuya gramática fue creada por sacerdotes españoles–, y con la entelequia de “los pueblos originarios”, Morales, el MAS y la élite comunista boliviana pretenden anexarse el sur del país.
Si el Perú pretende sobrevivir como Estado, si la peruanidad pretende seguir prosperando como hasta ahora –a pesar de todos los problemas, el PBI boliviano solo representa la tercera parte del peruano–, el propio Estado, el Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos y la intelectualidad tienen que declarar persona non grata a Evo Morales y prohibir soberanamente su ingreso al Perú.
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