¿Hasta cuando la SBN contra miles de ciudadanos del norte?

Sigue avalancha judicial contra pueblos enteros

Desde cualquier punto de vista jurídico es una barbaridad el reclamo de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) con respecto a la propiedad y posesiones (de más de veinte años) de miles de pobladores, pescadores, ciudadanos y empresarios turísticos de las caletas y playas del norte, en los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos en Piura y Tumbes. Si se consideran la Constitución —que establece que la posesión es fuente de propiedad— y el Código Civil —que prescribe que luego de diez años de posesión se accede a la propiedad—, los reclamos de la SBN no deberían durar un solo minuto.

Sin embargo la burocracia en los últimos quince años ha desarrollado tal cantidad de normas, entre ellas la imprescriptibilidad de los reclamos del Estado, y otro tipo de regulaciones que le sacan la vuelta a la Constitución y que, en la práctica, consagran a un Estado propietario por encima de los derechos de propiedad de las personas, incompatible con la Constitución de 1993.

Una de las principales triquiñuelas de la burocracia se desarrolló durante el gobierno de Alejandro Toledo, con la promulgación del Decreto Supremo N. 154-2001-EF, en el que la SBN se encargaba de la “ejecución de los actos de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal cuya administración está a su cargo”. En otras palabras, la SBN era la entidad que representaba a los últimos restos del “Estado propietario” que había abolido la Constitución de 1993. ¿Por qué la SBN? Nadie la sabe

Con ese marco jurídico, Petróleos del Perú (Petroperú) empezó a sostener que “canceló la inscripción de 136 fichas registrales y/o partidas registrales correspondientes a inmuebles cuyos derechos corren inscritos a nombre de Petroperú…”. Con esa supuesta cancelación, Petroperú se autoproclamó “propietario” de los predios de los propietarios y posesionarios de las playas del norte, y enseguida la SBN se convirtió en “Estado propietario” y comenzaron las avalanchas judiciales contra los pobladores de las playas norteñas. Como se aprecia con absoluta claridad, en la maniobra burocrática se zurraron en la Constitución y el Código Civil y todos los pueblos, predios, e inversiones del norte ahora están en la calle frente a la SBN y sus burócratas.

La pregunta que surge es, ¿por qué el gobierno de Kuczynski no termina con este absurdo jurídico en el que la SBN, en la práctica, expropia predios? ¿Para qué? Lo más grave es que se empieza a conocer de casos en que los predios expropiados vuelven a ser vendidos a terceros. Tarde o temprano el Congreso tendrá que investigar este asunto.

Pero las irregularidades no solo tienen que ver con que se esté pisoteando la Constitución y el Código Civil, sino que la propia cancelación de las 136 fichas registrales que permitieron que la SBN se convierta en “propietaria” de los pueblos de la costa norte está repleta de irregularidades. En la solicitud ante la Oficina Registral Regional - Región Grau, en la que se pedía la cancelación de las 136 fichas registrales, se dice lo siguiente: “que se precisa que posterior a la inscripción en los Registros Públicos de las áreas remanentes de la ex Hacienda La Brea y Pariñas y ex Hacienda Lobitos, de fecha 29.12.1999, la Municipalidad Provincial de Talara, COFOPRI y otras instituciones han realizado más independizaciones sin conocimiento de nuestra representada…” .

Tal como lo dijimos en un editorial anterior, “Petroperú consideraba que las expropiaciones velasquistas eran fuente de derecho de propiedad estatal cuando habían pasado más de treinta años del golpe de Velasco, cuando se han sucedido dos constituciones y cuando la Carta Política impide la existencia del Estado empresario o propietario”.

En el trámite de la solicitud para convertir a Petroperú en propietario de las playas del norte, y luego derivar estos predios a la SBN, las diversas respuestas de los registradores a la empresa estatal de petróleo por sí solas son los mejores argumentos para terminar con este absurdo jurídico. Por ejemplo, se les explica el número de asentamientos que se emplazan en los predios reclamados, se menciona a todas las municipalidades comprometidas en el proceso, se señala a las comunidades campesinas afectadas por las pretensiones de la empresa estatal. En fin, no hay manera de justificar el atropello expropiatorio en contra de miles de ciudadanos de las playas del norte.

El Ejecutivo entonces debería resolver este asunto con extrema rapidez. Y el Congreso debería investigar qué cosas oscuras se esconden detrás de esta voluntad de hacer trizas el derecho de propiedad en el Perú.