¡Gran minería en peligro sin minería artesanal!

Se persiste en la exclusión de los mineros informales

Es complicado entender la existencia de sectores que, por una parte, dicen defender la economía de mercado, la democracia, y las inversiones mineras y, por otro lado, buscan cualquier resquicio legal para evitar la inclusión de los más de 400,000 mineros artesanales peruanos. La voluntad de excluir se presenta en el Ejecutivo y el Congreso.

Por ejemplo, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1336 que establece la prohibición para los pequeños mineros de comprar la producción de terceros. Considerando que en el Perú los mineros artesanales solo le venden su producción a las más de cien plantas de beneficio formales e informales, ¿no se está estableciendo una condena de muerte a la minería artesanal?¿Acaso se quiere eliminar a las pequeñas plantas de beneficio? La totalidad de estas pequeñas unidades de beneficio —que compran la producción a los mineros artesanales— procesan 2,500 toneladas de mineral por día (TMD) para extraer oro, en tanto que una compañía minera puede procesar cerca de 540,000 TMD.

Otro hecho que grafica la ceguera del Ejecutivo tiene que ver con la voluntad de considerar a la minería ilegal como parte de los delitos de crimen organizado. Si partimos de que durante el pasado gobierno nacionalista se estableció que los mineros artesanales que no cumplían con los procedimientos administrativos, los requisitos técnicos y los estándares ambientales debían ser calificados de ilegales, en la práctica se está criminalizando a toda la minería informal. Nadie puede defender a la minería ilegal que se desarrolla en zonas prohibidas por la ley, pero un asunto bien diferente es convertir a la política de formalización minera en una gran prisión.

Pero la mala onda en contra de la minería artesanal no solo es atributo del Ejecutivo. Por ejemplo, el congresista Oracio Pacori Mamani intentó hacer pasar un proyecto de ley en el que se establecía que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) debían fiscalizar a los mineros que procesen más de 100 TMD. En la medida en que la Ley de Minería establece que se considera “pequeño minero” al productor que procesa hasta 350 TMD, la intención era clara: evitar que los gobiernos regionales se encarguen de la pequeña minería y permitir que organismos que priorizan la sanción —como la OEFA— manejen el asunto subordinando el desarrollo de políticas de inclusión y formalización.

¿Cómo entender esta animadversión en contra de la pequeña minería? Países mineros como Chile y Australia han logrado una dialéctica integradora entre gran minería y pequeña minería, a diferencia de la política de exclusión que se cultiva en el Perú. Las cosas se agravan porque en el país el Estado es el titular de los yacimientos del subsuelo y, por lo tanto, tiene la soberanía para entregar concesiones a grandes inversiones mineras. Pero existe un detalle: las comunidades campesinas y localidades son los dueños de las superficies debajo de las cuales se desarrollan los proyectos mineros.

Si a esto le sumamos el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza —porque se llena los bolsillos con los impuestos cobrados a las grandes mineras, pero es incapaz de construir carreteras, postas médicas y escuelas—, el asunto se vuelve dramático. En medio de esta situación surge el radical antiminero que busca paralizar la producción de cobre del Perú para favorecer a sus financistas.

Ante esta situación, el campesino, el dueño de la superficie, tiene dos opciones: se pliega a la prédica del radicalismo antiminero o desarrolla su propio emprendimiento minero y se convierte en minero informal.

Como se aprecia con absoluta claridad, de una u otra manera, con las políticas de exclusión del minero informal se pone en peligro a la gran inversión minera, al empujar a los más de 400,000 mineros artesanales bajo la influencia de las propuestas antisistema, no obstante que el pequeño minero representa una fuerza promercado, proempresa y procapitalista. ¡Increíble!