La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El gabinete que preside Aníbal Torres consiguió la confianza del Congreso a través de una votación muy reñida: 64 a favor, 58 en contra y dos abstenciones. A pesar de los cuestionamientos acumulados en contra del ministro de Salud, Hernán Condori; del titular de Transportes, Nicolás Bustamante, y otros despachos, el nuevo consejo de ministros recibió la confianza establecida en el ordenamiento constitucional.
Para graficar la gravedad de la situación política vale mencionar que el Gabinete Torres se presentó con dos procesos constitucionales en contra del presidente Castillo: una iniciativa de vacancia en curso y una acusación constitucional en trámite. Si todo se redujera a un asunto de ética política es casi seguro que el Gabinete Torres no hubiese obtenido la confianza. Pero los dos procesos iniciados en el Congreso en contra del jefe de Estado revelan que, al margen de que existan o no los votos suficientes, el Perú está polarizado alrededor de la vacancia, pero también de la disolución del Legislativo.
Partiendo de esos datos objetivos, la mayoría en el Congreso parece haber optado por evitar la negativa de confianza de un gabinete considerando que la Constitución establece que luego de dos censuras, el jefe de Estado puede optar por disolver el Congreso. En cualquier caso, así es como se presentan las cosas, más allá de las nuevas alianzas establecidas entre el oficialismo y Acción Popular.
Es en este camino que todo indica que la oposición pasará a los controles políticos sectoriales a través de interpelaciones y censuras de determinados ministros. Algunas iniciativas ya están en marcha.
Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención en los análisis de la confianza otorgada al Gabinete Torres es que con respecto a la presentación del presidente del Consejo Ministros (PCM), en realidad, hay muy poco por decir. Y hay muy poco que analizar porque el PCM no mencionó la convocatoria de una asamblea constituyente ni procesos de nacionalizaciones del gas y los recursos naturales. Tampoco se subrayó el proyecto de reforma agraria que todos entienden como un modelo en contra de las agroexportaciones. El perfil antisistema del proyecto de la administración Castillo parece haberse difuminado.
De allí que la presentación del PCM no convoque mayores análisis sobre las propuestas. La conclusión parece ser que estamos ante un Gobierno de izquierda, sumergido en la mediocridad e ineficiencia, entrampado en la imposibilidad de concretar su constituyente y sin alternativas para la gobernabilidad.
A este paso, de alguna manera, la economía se convertirá en el gran elector y quizá en la gran fuerza opositora. ¿Por qué? Porque la mediocridad del Ejecutivo, sumada a los previos anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, han detenido tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. Si bien este año el país crecerá por debajo del 3% del PBI (cuando podría estar expandiéndose por encima del 6%) es evidente que, en poco tiempo, se comenzará a sentir la falta de empleo y de oportunidades, y la pobreza volverá a aumentar.
Cuando la falta de inversión privada y falta de empleo se vuelven más que evidentes, ¿cómo se le explicará al país que 30 años de crecimiento se interrumpan en pocos meses de la administración Castillo? ¿Qué argumento se utilizará para justificar lo injustificable, sobre todo cuando el Perú debería estar creciendo a velocidad crucero por la trepada del precio del cobre y de los minerales? A nuestro entender no hay cómo organizar un relato para el desastre que se avecina.
Cada acto del Ejecutivo parece encaminado a organizar este desastre. Y el análisis de la presentación del Gabinete Torres se basa en lo que no se dijo: igualmente no se mencionó la violencia en el corredor vial del sur que paraliza la producción de MMG-Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del planeta, y de la mayoría de minas que producen más del 50% del cobre nacional.
Es incuestionable que el Ejecutivo cava su propia sepultura con la destrucción económica del país.
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