Gabinete se presentó sin constituyente ni expropiaciones

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, inició su presentación ante el Congreso hablando en quechua. El histrionismo de Bellido –el 90% del país no lo entendía– presagió un discurso de confrontación, de acuerdo al libreto de la administración Castillo. La propia presidente del Congreso, María del Carmen Alva, le comunicó al PCM que la mayoría de congresistas no comprendía el mensaje. 

Sin embargo, luego del incidente, Bellido desarrolló un discurso sin mencionar la convocatoria de una constituyente o de eventuales nacionalizaciones o expropiaciones. Al margen del sesgo intervencionista o estatista de muchas medidas (el nuevo papel que se pretende atribuir al Banco de la Nación), el mensaje y los objetivos planteados por Bellido no colisionan con la Constitución. Se generaba la impresión de que el Ejecutivo estaba girando hacia una política más realista.

Antes de enumerar los objetivos del Ejecutivo, Bellido habló de la necesidad del consenso político y ofreció trabajar coordinadamente con el Congreso. Luego señaló que el Ejecutivo respetaría las libertades políticas establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales. 

Si se trata de encontrar la identidad izquierdista en el mensaje de Bellido, habría que mencionar, sobre todo, el nuevo papel que se pretende atribuir al Banco de la Nación (BN), que competiría en todos los servicios financieros con las entidades privadas. La idea de que todo peruano que cumpla 18 años reciba su DNI y una tarjeta del BN forma parte de ese proyecto. Sin embargo, el nuevo papel del BN solo puede ser posible mediante una ley del Congreso.

Otro aspecto del apellido izquierdista del Gabinete son los anuncios acerca de que el Estado participará en todas las actividades del gas y petróleo “aumentando la competencia”. Se subrayó que el Estado participará en actividades de exploración y que se reestructurará Petroperú. Igualmente, aquí también se necesita una ley del Congreso.

La referencia a los bonos que se entregarán a 13 millones de personas y el incremento de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) revelan las estrategias clientelistas que implementará el Ejecutivo. Sin embargo, en términos generales, el mensaje de Bellido se circunscribió a los marcos establecidos por la Constitución. El anuncio de que las rondas ya no se extenderán en todo el territorio nacional y el eventual fortalecimiento del papel de la Policía Nacional forman parte de esa percepción.

Una cosa sí es clara. Los militantes de Perú Libre y el propio Bellido –como suele pasar con las corrientes comunistas– recién comienzan a entender que el Estado y la economía son realidades y no ideologías. De allí que, de alguna manera, se ratificara la política minera de las últimas tres décadas. Si bien Bellido mencionó la necesidad de establecer tributos a las sobreganancias (efecto de los altos precios) –un tema que no estaba redactado en el mensaje que se entregó a los medios– no señaló otros objetivos para el sector; excepto que debía construirse en un ferrocarril en el nodo minero del sur para evitar conflictos con las comunidades. 

En cuanto a la llamada segunda reforma agraria, de la que se suele hablar en los predios de la administración Castillo, el PCM señaló que “ya no se trata de expropiar tierras, sino de hacer llegar los servicios de la ciudad al campo”. Agregó que se busca mayor asociatividad, tecnificación y capacitación para los minifundistas.

De otro lado, el PCM insistió en el papel de las pymes en el desarrollo nacional y planteó un objetivo para el 2026: que las exportaciones no energéticas alcancen US$ 20,500 millones sobre la base de 13,500 empresas exportadoras. Las pymes mencionadas por el PCM son las del agro y el turismo, entre otras.

Es evidente pues que la ideología y la realidad han colisionado de gravedad en la administración Castillo. Bellido habla de convertir a las pymes en exportadoras olvidando que gracias a la derogada Ley de Promoción Agraria casi el 80% de las cerca de 3,000 empresas vinculadas a la agroexportación son pymes. Y olvidando adrede que la posibilidad de conseguir más de US$ 20,000 millones de exportaciones no energéticas solo será posible por el régimen económico de la Constitución y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú.

En otras palabras, sin el modelo económico no hay objetivos viables para el Gabinete.