Fuego cruzado contra el turismo en el norte

La reconstrucción del norte se complica con la cercanía de las temporadas de lluvias, y la descolmatación de los ríos es una enorme interrogante para la ciudadanía. El asunto es tan complicado que se avecina una interpelación a José Hernández, ministro de Agricultura. Pero la demora e ineficiencia no solo afecta a los pobladores, sino que ha herido de gravedad a una de las principales actividades de las regiones de Piura y Tumbes: el turismo. Se calcula que esta actividad ha descendido en más de 50%, y todo va de mal en peor.

Cualquier turista que llega al aeropuerto de Piura —en donde aterrizan los vuelos de LAN, Avianca y Peruvian— encuentra una ciudad totalmente destruida, con calles repletas de polvo y barrios devastados. El área se sigue pareciendo a una zona de guerra. Para trasladarse a Máncora el turista debe viajar entre tres y cuatro horas por una carretera que parece bombardeada. El turista que llega Talara no solo debe enfrentar la destrucción de toda la infraestructura, sino que padece la escasez de vuelos, porque solo LAN desarrolla un viaje por día. ¿Por qué no se implementan más vuelos en la situación de emergencia? Nadie lo entiende. Algo más: la carretera que conecta Piura con Talara, El Ñuro, Órganos y Máncora es una catástrofe. En especial, el tramo Talara –Piura. Y en medio de esta situación se siguen cobrando peajes.

Pero el turismo no solo está jaqueado por los retrasos en la reconstrucción, sino que los juicios y desalojos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) en contra de pueblos enteros, caletas de pescadores e inversiones en hoteles y turismo continúan. ¿Cómo puede prosperar el turismo con la infraestructura destruida y la inseguridad jurídica en las inversiones que fomenta la SBN?

Como ya hemos informado hasta la saciedad en este portal, durante los últimos gobiernos se aprobaron normas que convertían a la SBN en representante de un “Estado propietario” que no está reconocido en la Constitución (al igual que el Estado empresario). A través de una serie de leguleyadas y decretos la SBN, por ejemplo, puede contravenir el principio constitucional de que la posesión es fuente de propiedad, y el de la prescripción adquisitiva establecida en el Código Civil, mediante el cual el posesionario de más de diez años de un predio puede reclamar el derecho de propiedad, siempre y cuando no exista un título que se oponga.

Bueno, en los poblados, las caletas de pescadores y las inversiones hoteleras emplazadas en los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos (en Piura y Tumbes) los ciudadanos están en posesión de sus respectivos predios por varias décadas. Sin embargo la SBN considera que ciertas leyes anticonstitucionales le permiten desarrollar un vía crucis judicial contra los ciudadanos del litoral norte del Perú.

La SBN está desarrollando más de 60,000 juicios en los mencionados distritos, y se ha convertido en el principal litigante de los juzgados de Sullana, Talara y Tumbes. ¿Cómo se pueden seguir gastando tantos recursos que podrían ser invertidos en la reconstrucción? En este contexto, todas las inversiones hoteleras enfrentan una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica.

El turista que llega al norte encuentra una virtual zona de guerra. Todo está de cabeza. Por ejemplo, durante el Gobierno de Fujimori se construyó un muelle en Cabo Blanco, en el lugar donde revienta una de las mejores olas peruanas para el surf. El muelle fue malogrado por el oleaje el mismo día de su inauguración. Ahora, mediante una inversión millonaria, se está construyendo otro muelle a solo seis metros del anterior. ¿Para qué afectar una zona tan turística con un muelle si la mayoría de la pesca para el consumo humano desembarca a un kilómetro? Nadie lo entiende.

Las costas de Mancora, Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco están repletas de bolicheras y arrastreras ilegales que depredan el mar dentro  de las cinco millas territoriales y sin control de la autoridad. En semejante ambiente, ¿cómo así puede prosperar el turismo?