¡Fue Sendero! ¡Es incuestionable!

No existe la menor duda acerca de que la masacre de 16 personas en Vizcatán –en el valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM)–, fue perpetrada por los remanentes de Sendero Luminoso en la zona, tal como lo ha confirmado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la dirección de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección contra el Terrorismo de la PNP. ¿Por qué es una verdad incuestionable? Porque el VRAEM es una zona liberada de la autoridad del Estado, la Constitución y las instituciones republicanas. Y, ¿en qué se basa la condición de zona liberada?  En la existencia de un aparato militar alternativo al del Estado, organizado por el llamado ejército guerrillero popular del VRAEM.

Es imposible que las columnas armadas de Sendero en el VRAEM convivan con otros aparatos propios del narcotráfico. Imposible. En el mencionado valle la alianza entre terrorismo y narcotráfico se produjo sobre la base del control militar y social –en base al terror– del senderismo. Nunca fue alianza de igual a igual. De allí que, el hablar de narcoterrorismo, en realidad, sea una generalidad que necesita más de una precisión. Sin lugar a dudas, entonces, la industria del narcotráfico –desde el cultivo de la hoja de coca hasta la producción de pasta básica de cocaína– está absolutamente subordinada a los objetivos del senderismo en la zona. 

En este contexto, ¿cómo alguien puede dudar que la masacre de 16 compatriotas fue perpetrada por Sendero? ¿Cómo se pueden armar teorías alambicadas para señalar que se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes? ¡Es demasiado! ¡No contribuyamos a la historia universal de una infamia por cálculos electorales!

¿Cómo debemos entender la posición del presidente Francisco Sagasti, quien llama a “no utilizar políticamente el tema” y la posición de la Mesa Directiva del Congreso que evita –con eufemismos– condenar frontalmente al terrorismo? Al respecto debemos señalar que la única manera en que un candidato puede utilizar electoralmente una tragedia como la que describimos es si el adversario no deslinda claramente con el terrorismo. Si eso es así, entonces, no estamos ante el peligro de utilización electoral de la masacre de Sendero, sino ante la urgencia de denunciar la barbarie, ante la necesidad impostergable de que los peruanos decidan sobre un tema que compromete la vida y el futuro de la peruanidad.

De otro lado, es evidente que en una elección nacional se debe optar por políticas públicas que comprometan a la sociedad. ¿Acaso alguien puede subvalorar la enorme importancia que tiene cualquier estrategia antiterrorista en el futuro de cualquier sociedad? Aquí y en cualquier país democrático, una eventual amenaza terrorista se convertiría en un asunto de primer orden de la agenda pública, sobre todo si se enfrenta una coyuntura electoral para cambio de gobierno.

La estratagema de las corrientes comunistas, que buscan relativizar la masacre senderista en el VRAEM señalando un posible ajuste de cuentas del narcotráfico, no solo es cruel con las familias de las víctimas, sino que esconde un tema crucial para el futuro de los peruanos en medio de una elección nacional.

Las posiciones extrañas y relativas del Ejecutivo y del Congreso, ambos transitorios y expresiones de minorías electorales surgidas por un golpe de masas, nos revelan la manera cómo la izquierda ha reescrito la historia con el famoso argumento de “la guerra interna” en los años ochenta. Un argumento que presenta la orgía y la vesania de sangre y terror que desató Sendero Luminoso en los ochenta como una violencia equiparable al accionar de las Fuerzas Armadas y los comités de autodefensa. En este caso, la estrategia de las oenegés de DD.HH. –que señalaban la famosa “violación sistemática de derechos humanos”– se ha convertido en el gran detergente de la barbarie terrorista. ¡La sociedad debe reaccionar ya!