Fracasa paro contra Tía María

El paro del martes pasado, organizado por La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) contra el proyecto de cobre Tía María, ha sido un fracaso. Solo los supuestos trabajadores de construcción civil se manifestaron en las calles, pretendiendo detener las actividades públicas y privadas en las provincias de Arequipa e Islay. 

No obstante, el desorden y la ausencia de autoridad continúan en Islay. Con el paro fracasado ha quedado demostrado que el círculo antiminero es solo un pequeño grupo de personas vinculadas a la izquierda peruana y al marxismo. Ellos usan a los jóvenes en su intento de apoderarse de las calles para protestar violentamente contra el proyecto de cobre. 

Los autodenominados dirigentes pierden fuerza. No pueden mantener a la población amenazada, sin posibilidades (por la falta de autoridad) de manifestarse libremente. Lamentablemente, el Gobierno, como si fuera cómplice, hace su parte sin entender la realidad: el hastío de la población. En lugar de restablecer la autoridad que es su responsabilidad, suma la incertidumbre respecto a la validez, sin restricciones, de la licencia de construcción de la mina del proyecto cuprífero. Según el Ejecutivo, la licencia otorgada a Tía María sirve solo para el procesamiento de mineral, pero no para la extracción de mineral y tampoco para la construcción de una planta desalinizadora. Raro. Las normas son estiradas sin respeto alguno. En otros proyectos mineros, la licencia de construcción –después de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)– abarca todo lo relacionado con el EIA. En este escenario de confusión, la ola de protestas infundadas –organizada por sectores marxistas– continúa y se expande en el sur contra los proyectos Quellaveco (Moquegua) y Zafranal (Arequipa). 

Aún cuando los dirigentes (sin legitimidad) señalan estar dispuestos a participar en el proceso de diálogo organizado por el Gobierno, niegan cualquier posibilidad al proyecto Tía María. Para ellos, el diálogo significa la imposición de sus demandas, sin argumentos racionales. ¿De qué diálogo se habla entonces? Los dirigentes van más allá y plantean la posibilidad de cancelar el proyecto en su totalidad. 

El paro en la provincia de Islay contra Tía María no es otra cosa que la absurda pretensión, por parte de un movimiento antiminero vinculado a la izquierda extrema, de avasallar a la población. A los comunistas no les interesa la pérdida de clases de los escolares ni tampoco las cosechas de papa, frutas y hortalizas (que están malográndose en los campos). Los agricultores no pueden transportar su producción libremente porque las carreteras de acceso a los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón (zonas de influencia minera) están bloqueadas por piquetes de manifestantes. Y el colmo: Los jóvenes cobran “peaje” para permitir el tránsito por esos lugares. Cuando la policía se repliega, los manifestantes vuelven con hondas y huaracas, lanzando piedras desde las partes altas. 

A los marxistas no les interesa reducir los niveles de pobreza, desocupación e informalidad, que son la fuente de su sobrevivencia política y económica. El plan marxista es detener la economía del país para crear climas de zozobra social: el mejor escenario para imponerse y señalar que el modelo ha fracasado. Con el desprestigio y la cárcel de los adversarios, con la fuerza de las multitudes en las calles y el fraude electoral, los comunistas pretenden establecer en Perú un gobierno como los de Cuba y Venezuela. 

En el proyecto de los socialistas está la explotación de los recursos naturales a cargo de las empresas estatales, como en el tiempo de la dictadura de Juan Velasco. Como Nicolás Maduro en Venezuela —que utilizó los recursos del petróleo para financiar al Foro de Sao Paulo (Grupo de Puebla)—, pretenden utilizar los recursos del cobre, litio y agua peruanos para financiar al comunismo latinoamericano y sus intenciones de perpetuarse en el poder.