Formalizar para preservar el ambiente

Sobre las políticas ambientales del estado peruano y el rol del MINAM

En una reciente entrevista, Gabriel Quijandría, viceministro del Ministerio del Ambiente (MINAM), ha señalado que los compromisos que asumió el Perú ante la Secretaría de Naciones Unidas en el 2010 para reducir emisiones de carbono en las áreas forestal,  energía y residuos sólidos, no se han cumplido. Según Quijandría el fracaso se explicaría porque no se conversó con los actores involucrados. Por ejemplo, se ignoró al sector Energía y Minas para asumir compromisos en energía.

¿Qué nos está diciendo el señor Quijandría? ¿Acaso que el MINAM suscribe acuerdos internacionales que comprometen a todas las políticas gubernamentales? Demasiado grave para un país que se desacelera porque se detienen las inversiones en recursos naturales. ¿No estamos ante un intento de cambiar la política económica?

En diversos momentos del proceso político peruano han surgido especialistas que reclamaban el derecho a tener la fórmula mágica. Por ejemplo, después de la caída del fujimorato los abogados aparecían como “los sabios” de la democracia y los tecnócratas como los demiurgos del ajuste económico. En una sociedad con democracia y mercado las cosas son más complejas de lo que parecen. Hoy los ecologistas creen tener las recetas para preservar el medio ambiente.

En varios editoriales de este Portal hemos sostenido que nadie puede proponerse salvar el medio ambiente en contra de las fuerzas del mercado y la racionalidad económica de los individuos. Desde que nació el capitalismo, todos los intentos han fallado. En el Perú, la Amazonía, nuestros ríos y bosques, de una u otra manera, son sometidos a las estrategias económicas de grupos e individuos y, en la medida, que no existe un contrato social, el medio ambiente se vuelve la última rueda del coche.

Por ejemplo, analicemos la situación de nuestros bosques amazónicos. Cerca de 8 millones de hectáreas han sido deforestadas por las migraciones de la sierra, la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Qué hacer? En primer lugar, de una vez por todas, avanzar en la titulación de las comunidades nativas para saber quién es dueño de qué. En segundo lugar, convocar a la gran inversión privada para que, en alianza con las comunidades nativas, desarrolle concesiones forestales en los 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente. En una concesión forestal por cada árbol que se derriba se plantan otros dos o tres. ¿Alguien se puede oponer a esta fórmula? Al parecer algunos ecologistas radicales consideran que sí. Preservar la Amazonía para ellos es perseguir a la inversión privada, pero los 8 millones de hectáreas deforestadas nos indican que solo la formalización y la inversión privada pueden salvar los bosques del Perú.

De alguna manera lo mismo sucede con las inversiones en la minería. Los ecologistas radicales se opusieron a la explotación de la minera Manhattan en Tambogrande arguyendo la “defensa del mango y del limón”. La oposición expulsó a una legítima concesionaria del subsuelo, desapareció cualquier idea de derechos de propiedad, y los mismos campesinos que se opusieron a la explotación del oro se convirtieron en miles de mineros informales que ahora arrojan mercurio y cianuro. Los ecologistas radicales creyeron que podían oponerse a la racionalidad económica de la gente.

La experiencia y la vida nos indican que no se puede preservar el medio ambiente al margen de un contrato social, al margen de la formalización de los diversos actores que desarrollan las más diversas actividades económicas. Los ecologistas radicales no entienden este problema.

En el MINAM, por ejemplo, el sesgo ideológico ha convertido al burócrata en una especie de policía contra la inversión privada en recursos naturales, que se olvida de cómo los residuos sólidos de las ciudades envenenan la mayoría de los ríos del país.