Extorsiones se multiplican en minas del sur

El movimiento antiminero se quita la careta en Arequipa, Apurímac y Cusco, en el denominado Corredor Minero del Sur, que produce más del 50% de cobre nacional. Ya no es “negocio” el cuento de la contaminación ambiental y el desencuentro de las mineras con las comunidades. Alentados por las ONG limeñas, estos argumentos han dejado de ser creíbles en las zonas de influencia mineras. Ahora los “asesores” de los dirigentes están planteando a los pobladores el cobro de supuestos pagos pendientes por parte de las mineras. De esta manera, los asesores cobran una comisión de “éxito” por el dinero que las comunidades supuestamente podrían “recuperar” de las mineras. La contaminación sería ahora un “negocio” de menor cuantía para la izquierda antiminera.  

Hoy los pobladores de las comunidades entienden que las denuncias sin sustento sobre contaminación no tienen asidero. Si fuera así –que las operaciones mineras producen contaminación–, hace rato el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hubiera formalizado las denuncias y las penalidades correspondientes. Nada de esto sucede, no al menos en la magnitud irresponsable que señalan los antimineros. OEFA es un ente público encargado de evaluar los impactos ambientales de las actividades productivas y de deslindar las responsabilidades correspondientes, y forma parte del sector Ambiente (Minam). Desde la gestión del ex ministro del humalismo Manuel Pulgar Vidal, se establecieron normas ambientales bastante rigurosas para regular las actividades mineras. Además, en el organismo estatal gran parte de los funcionarios son de la misma línea política del ex ministro: antisistema y antimercado, entrenados para magnificar cualquier sospecha mínima contra el medio ambiente.

No obstante toda la artillería antiperuana y antidesarrollo apuntando contra la minería, el sector sigue adelante y dando buenos resultados: 60% de divisas por las exportaciones totales peruanas y un 30% de la renta de toda la producción nacional. El canon minero sigue transformando los poblados más alejados. Por ejemplo, entre 2009 y 2014 la pobreza se redujo en 30% en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de 85% a 50.7%.

Por su lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que por canon los distritos de Livitaca, Chamaca y Velille (de la provincia de Chumbivilcas) recibieron en 2018 cinco veces lo que recibieron en el año anterior. Sin embargo, de acuerdo al portal Transparencia del MEF, a la fecha la ejecución de gasto público en Cusco es de apenas 27.9%. La falta de capacidad de gestión y técnica de las autoridades no permite realizar obras públicas: agua potable, carreteras, colegios, postas médicas, electricidad. Este fracaso estatal, según los antimineros, es ocasionado por las compañías.   

No es cierto que entre los pobladores y las empresas mineras existan desencuentros. Las mineras de talla mundial, escrupulosas con el medio ambiente y las comunidades, invierten en los lugares donde se instalan. Por ejemplo en Cusco, y por propia voluntad, la canadiense Hudbay firma cada año acuerdos de cooperación de hasta S/ 3 millones con las autoridades locales, presidentes comunales y representantes de distintas instituciones. La inversión social de las minera está destinada a desarrollar proyectos vinculados al medio ambiente, educación, salud y para las actividades económicas de las comunidades. Con el denominado “cierre de mina” –realizado después de la construcción de la mina–, Hudbay ha mejorado el paisaje natural alrededor de las operaciones mineras. En lugares donde nunca existió ningún tipo de vegetación, hoy existen plantíos de altura y autóctonos. Por convenio, los pobladores organizaron pequeñas asociaciones para ejecutar planes ambientales financiados por la minera.  

El sector minero es acosado permanentemente por organizaciones criminales. Las actividades delictivas de los “chavelos” –liderados por los hermanos Frank y Jorge Chávez, acusados ante el Ministerio Público por extorsión– se están multiplicando en las zonas mineras del país. Mientras esto sucede, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pretende que el sector Justicia dé un “tratamiento preferencial” a esta criminalidad.