Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
La izquierda suele desarrollar diversas narrativas con la intención de fundamentar su propuesta de “pueblos originarios” y de “la república plurinacional”, con el objeto de distanciar a América Latina de Occidente. Uno de esos relatos tiene que ver con el cultivo de la hoja de coca como expresión de una práctica ancestral de “los pueblos originarios”.
En Bolivia, el proyecto político de Evo Morales y el Movimiento de Acción hacia el Socialismo (MAS), de una u otra manera, está vinculado a la narrativa de la hoja de coca. Durante casi 13 años de gobierno (desde 2006 al 2019) el crecimiento de las hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca, legales e ilegales, avanzó como jamás en la historia del país altiplánico.
En el Perú, el gobierno de Castillo y Perú Libre ha asumido el relato de Evo sobre el mencionado cultivo; incluso el jefe de Estado ha hablado de la posibilidad de “industrializar este cultivo”, no obstante todos los reparos científicos de los límites e imposibilidades de utilizar, en la medicina o la industria, los derivados de esta planta.
Por ese motivo, Perú Libre propone interrumpir la colaboración con la DEA de Estados Unidos, y se acaba de conocer la renuncia de Fidel Pintado a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga (DEVIDA) por los permanentes ataques a la institución del actual ministro del Interior, Luis Barranzuela.
El argumento que hoy se utiliza en el Ejecutivo del Perú es que el consumo de los campesinos de la hoja de coca forma parte de una tradición milenaria (chacchado) y que, por lo tanto, los cultivos de este arbusto deben ser tolerados. Finalmente, la industrialización sería una posibilidad. Sin embargo, las cifras indican que el 90% de la producción de hoja de coca de Perú y Bolivia se destina a la cadena ilegal de la droga.
Bajo el argumento que el cultivo de la hoja de coca es una tradición milenaria y su consumo ancestral, Evo Morales, en 2008 expulsó a la DEA norteamericana y rechazó todo apoyo del organismo estadounidense para la lucha contra el narcotráfico y la reducción de sembríos, tanto legales como ilegales, de la coca.
En el 2009, la coca fue considerada en la Constitución boliviana, promulgada por el mismo Morales como "patrimonio cultural, recurso renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social".
En el 2017, igualmente, en el gobierno de Morales se firmó la Ley General de la Coca, decreto en el que se autorizaba la expansión del cultivo legal de hoja de coca de 12,000 a 22,000 hectáreas. De hecho, según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2020, elaborado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), hoy existen en Bolivia alrededor de 29,000 hectáreas de cultivo legal de hoja de coca. Es decir, solo en el cultivo legal de la hoja de coca hay 7,000 hectáreas más. ¿Cuál es el destino de este excedente de producción?
Pero ese no es el problema mayor. Cuando Morales llegó al poder en el 2006 existían alrededor de 3,000 hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca. Hoy existen casi 80,000 hectáreas de producción ilegal. Igualmente, durante el gobierno del MAS se alentó el crecimiento de la siembra y producción de la hoja de coca con la Ley N° 741 y con el Decreto Supremo N° 3973, normativas que autorizaban la quema de bosques en las selvas. El resultado de esta devastadora política es que más de 2.5 millones de hectáreas de las selvas en las regiones de Beni y Santa Cruz han sido tragadas por el fuego. El ecologismo radical calla el ecocidio de Morales.
En estas tierras deforestadas bajo la legislación boliviana es incuestionable que prosperan miles de nuevas hectáreas de hoja de coca. Los números señalan que la política del gobierno de Morales con respecto al cultivo de la hoja de coca ha sido nefasta. Se estima que hoy solo el narcotráfico representa el 1.5% del PBI boliviano.
La pregunta entonces es, ¿por qué el gobierno peruano pretende replicar la política boliviana con respecto a la hoja de coca? ¿Acaso no saben que en los valles cocaleros se establecen zonas liberadas de la autoridad del Estado para que prospere el negocio ilícito? Demasiado grave.
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