Cuando una crisis energética termina cerrando colegios

Un ducto de gas se rompió el pasado 1 de marzo en la selva del Cusco y el 9 de marzo, días después, los colegios en todo el Perú terminaron cerrando. Esa cadena de decisiones describe con bastante precisión el tipo de gestión pública al que nos estamos acostumbrando en el Perú.

Una rotura en uno de los ductos del sistema de transporte de gas de Camisea provocó una deflagración y obligó a desplegar una operación de emergencia. Lo que sabemos es que el sistema está compuesto por dos ductos principales: uno que transporta gas natural desde Cusco hacia la costa central, abasteciendo principalmente a Lima e Ica; y el otro que transporta líquidos de gas natural hacia Pisco, donde se procesan para producir gas licuado (GLP), gasolina y diésel.

Desde esa planta se abastece alrededor del 70% del GLP que consumen los hogares del país, mientras que el gas natural se ha convertido en el principal combustible de la matriz energética. Hoy más del 60% de la generación eléctrica del Perú depende del gas natural, y cientos de miles de vehículos utilizan Gas Natural Vehicular (GNV), especialmente taxis y transporte urbano.

Frente al incidente, el gobierno y Transportadora de Gas del Perú (TGP) han desplegado una operación de emergencia para reparar el ducto. El acceso a la zona afectada es complejo y se están utilizando helicópteros para llegar al punto de rotura, mientras que el Ejecutivo ha ordenado liberar las reservas de combustibles almacenadas por los mayoristas para situaciones de emergencia, con el fin de evitar desabastecimientos.

Estas medidas son necesarias. Pero también revelan un problema estructural que el país conoce desde hace años: la falta de infraestructura de respaldo en un sistema del que depende buena parte de la economía. Hace más de 15 años se planteó la construcción de un ducto paralelo al sistema actual, precisamente para reducir el riesgo de interrupciones. Ese proyecto nunca se concretó. Hoy seguimos dependiendo prácticamente de una sola infraestructura crítica para el suministro de gas y combustibles.

El país necesita más ductos, mayor capacidad de almacenamiento de combustibles y mejor infraestructura para gas natural licuado, de modo que el sistema tenga redundancias suficientes para enfrentar contingencias. Pero incluso en esta emergencia, resulta sumamente difícil de justificar la decisión de suspender clases y limitar la actividad presencial en el sector público. Las crisis deben gestionarse mitigando riesgos, no trasladando sus costos a quienes menos responsabilidad tienen en ellas.

En el Perú cerca del 30% de los estudiantes de educación básica asiste a colegios privados, proporción que en Lima supera el 45%. Detrás de esas cifras hay miles de familias que realizan enormes esfuerzos económicos para ofrecer a sus hijos mejores oportunidades educativas. Y en respuesta a la premier que amenaza con sanciones a los colegios que abran las puertas para que sus alumnos asistan, quisiera decirle que cerrar colegios como respuesta a una crisis energética envía una señal preocupante: que la educación puede detenerse cada vez que el Estado enfrenta dificultades de gestión.

Esto es especialmente grave en un país que ya enfrenta enormes desafíos educativos. En la evaluación PISA 2022, el Perú se ubicó en el puesto 64 de 81 países en matemáticas, 59 en lectura y 63 en ciencias, posiciones que todavía reflejan brechas importantes frente a los países de la OCDE. Además, estudios del Banco Mundial estiman que interrupciones frecuentes del calendario escolar pueden reducir entre 5% y 10% el aprendizaje efectivo de los estudiantes, medido anualmente, lo que se traducirá posteriormente en menor productividad y, por ende, menores ingresos laborales.

La educación no puede convertirse en una variable de ajuste frente a problemas de infraestructura energética o de gestión pública. Los niños y adolescentes del país no pueden seguir pagando el costo de decisiones que se toman sin suficiente planificación. Y nosotros, como sociedad, no debemos aceptar que la educación se convierta en un daño colateral de la improvisación.