La legitimidad como cimiento de una reforma de pensiones sostenible

El 5 de octubre de 2024, en una entrevista pública para Diario El Mercurio de Chile, señalé que “para que una reforma política sea sostenible, tiene que ser legitimada por la población”, refiriéndome a los retos de implementación de la recién aprobada Ley de Reforma de Pensiones (Ley) en Perú. Hace tres meses, al compartir mis comentarios sobre el proyecto de reglamento de la Ley —hoy cuestionado— en LinkedIn, reiteré que “la reforma no puede centrarse solo en procedimientos; debe poner al afiliado en el centro de las decisiones”. Lo he dicho antes, lo reitero ahora y sigo convencida de su veracidad.

Las reformas de pensiones no se sostienen únicamente en números actuariales, proyecciones macroeconómicas o en la arquitectura institucional que las respalda. Su verdadera fortaleza radica en la confianza de la ciudadanía. Una reforma puede ser técnicamente sólida, pero si no logra respaldo social, inevitablemente se verá debilitada, cuestionada y, con el tiempo, revertida.

La experiencia peruana reciente lo demuestra claramente: siete procesos de retiros de fondos previsionales vaciaron los ahorros de millones de trabajadores. Hoy discutimos un octavo retiro y la posible derogatoria de la Ley de Reforma aprobada el año pasado. Estas decisiones generan enormes pérdidas económicas, al reducir ahorro e inversión, y dejan a millones de peruanos sin cobertura pensionaria en la vejez. Sin embargo, lo más grave es la fractura en la legitimidad del sistema. Cuando los ciudadanos sienten que el modelo no les pertenece o que no responde a sus necesidades, lo perciben como un adversario, no como un aliado para su futuro.

Por ello, cualquier reforma requiere un diálogo amplio, transparente y honesto, que aunque a algunos les parezca desgastante, es indispensable. No se trata solo de comunicar mejor, sino de escuchar más. Y escuchar implica actuar, de manera que se perciba que “todos nos mojamos con la nueva reforma”. La legitimidad se construye con participación, reglas claras y un compromiso explícito de que las decisiones tomadas hoy no hipotecarán el bienestar de mañana.

El desafío es diseñar un sistema que cumpla dos objetivos simultáneos: asegurar pensiones dignas y generar confianza ciudadana. Para ello, se necesita un marco institucional que sea sólido tanto técnica como socialmente. Pero, sobre todo, se requiere que cada peruano sienta que el esfuerzo de ahorrar vale la pena, es justo y tendrá frutos.

Hoy, ante la reacción de algunos partidos políticos y del propio Ejecutivo para desconocer la Ley de Reforma, es momento de poner paños fríos y no tomar decisiones apresuradas que podrían costarnos mucho más como país. Debemos hacer un alto y enfrentar la realidad: necesitamos un sistema de pensiones que funcione para la gran mayoría, en un contexto de elevada informalidad y bajos ingresos promedio, donde las reglas de juego sean percibidas como justas para todos los actores. Aquí, la sociedad civil tiene un papel clave: levantar la voz, participar y exigir transparencia.

La experiencia chilena lo confirma. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se realizaron estudios nacionales para comprender la realidad de los pensionistas. Estos insumos permitieron diseñar un sistema de pensiones mixto, en constante evolución, modificados primero por el Presidente Piñeira y hace poco por el Presidente Boric, en el que la Pensión Garantizada Universal (PGU) cubre al 90% de los pensionistas, mientras que por encima de la PGU se sitúa la pensión proveniente de la gestión de las AFP. 

Las cifras importan. Sí, pero la sostenibilidad a largo plazo se asegura con legitimidad. Cuando la población cree en el sistema, lo defiende; y cuando lo defiende, el sistema se vuelve sostenible.