Minería: formalidad versus criminalidad

El Perú enfrenta varios desafíos, uno de ellos es la criminalidad asociada a economía ilegales que influyen o están presentes en organismos del Estado encargados de decisiones políticas. La inestabilidad creciente de los últimos años demuestra la confrontación que existe al interior del aparato del Estado entre quienes desean un país desarrollado, que cumple con la normatividad, que es la garantía de la estabilidad jurídica y la previsibilidad que buscan los inversionistas internacionales; y, por otro lado están quienes prefieren un marco normativo inerme que les permita fortalecer sus economías ilegales.

Cuando se enfrenta un desafío de ese nivel, las autoridades deben actuar de manera estratégica y establecer cuál es el mayor riesgo: “dejar hacer y dejar pasar” para que las economías ilegales tomen el control del país, o facilitar el ingreso de la formalidad, precisamente para competir con el riesgo de la criminalidad.

El año pasado, los analistas económicos estiman que las exportaciones de oro ilegal habrían alcanzado los US$ 12,000 millones. Con esa cifra se compran conciencias, se financian campañas políticas, se colocan personas en puestos claves, etc., con la finalidad de que toda acción del estado destinada a combatirlas resulte insuficiente.

Por otro lado, las autoridades encargadas de hacer frente a las economías ilegales manifiestan que carecen de recursos (lo cual es cierto), que no tienen presencia en zonas alejadas del territorio y que existen demandas de la población más urgentes. En consecuencia, las acciones represivas del estado no logran los resultados esperados frente al desafío.

Si por un lado están las economías ilegales y; por el otro, la formalidad que enfrenta un enmarañado proceso normativo que dificulta su ingreso que ya ha demostrado ser inmensamente beneficioso para la sociedad cuando están en etapa productiva, lo estratégico es facilitar su ingreso.

En el caso de la actividad minera formal, las trabas están vinculadas a la normatividad elaborada para escenarios ideales donde una empresa puede llevar a cabo sus estudios ambientales, geológicos, hidrológicos, etc. Pero ¿qué sucede si en el área superficial surge la presencia de ilegales que hacen uso de la fuerza e inclusive con armas para impedir el cumplimiento de la normatividad? Las autoridades simplemente siguen demandando el cumplimiento sin analizar el contexto y menos el riesgo.

Esto que se describe en el párrafo anterior se ha convertido en el vía crucis de muchos proyectos mineros que vienen siendo invadidos ante la ausencia efectiva de un estado que sobrevive en función a los tributos que pagan las economías formales. La minería formal no demanda la exoneración de la normatividad sino ser realistas. Los mayores riesgos son el sojuzgamiento de la población local por grupos armados, la pérdida de las concesiones en manos de la criminalidad, el desconocimiento de las normas laborales y de seguridad de los trabajadores que emplean, además de soslayar el cuidado del ambiente.

En cambio, si a las economías formales se les facilita el ingreso a zonas de interés, se proporciona seguridad y éstas se comprometen al cumplimiento de la normatividad vigente en un proceso posterior que esté acompañado de un adecuado sistema de supervisión, gana la población local y regional, el inversionista formal, el estado que dispondrá de mayores recursos para sus programas de cierre de brechas y se evita el fortalecimiento de las economías ilegales.