¿Se intenta silenciar defensa de DD.HH. de soldados y policías?

Fernando Rospigliosi podría salir de la carrera electoral al Senado por Fuerza Popular si el Poder Judicial lo sentencia por difamación agravada, luego de que la ex Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo querellara por calificarla como “aliada de terroristas”.

Fernando Rospigliosi se ha convertido en una voz permanente en la defensa de los Derechos Humanos de los soldados y militares que suelen ser judicializados por un sector de magistrados extremadamente ideologizados, a tal extremo que se niegan a aplicar las leyes de prescripción de delitos y de amnistía que el Legislativo aprobó a favor de nuestros oficiales y efectivos. 

Como todos sabemos, durante la guerra contra el terrorismo de los años ochenta decenas de militares fueron acusados por, supuestamente, violar Derechos Humanos. Durante cuatro décadas los soldados y policías fueron perseguidos hasta la muerte. Muchos de ellos murieron por enfermedades propias de la vejez y hoy muchos ancianos con enfermedades terminales siguen judicializados, porque los procesos se reabren una y otra vez. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal, todos estos delitos sin sentencia ya han prescrito.

La izquierda progresista y comunista, sin embargo, valiéndose de las interpretaciones ideologizadas de la Comisión IDH, argumentó que los delitos imputados correspondían a los de lesa humanidad –que no prescriben–y procedió a abrir los procesos reiteradamente para perseguir hasta la muerte a ancianos con la salud quebrada. Sin embargo, el “delito de lesa humanidad” recién se incorporó a nuestra legislación con el Tratado de Roma en el 2001.

En este contexto, la defensa de nuestros soldados que combatieron el terrorismo y restablecieron la paz nacional invoca un principio sagrado del derecho penal democrático: el principio de legalidad, mediante el cual nadie puede ser procesado si la conducta no está tipificada en una ley previa.

Rospigliosi ha estado denunciando permanente la conducta de algunos magistrados que se niegan a aplicar estas normas, invocando un supuesto control difuso constitucional. Su defensa irrenunciable de los derechos humanos de nuestros soldados y policías le ha valido el odio general de la izquierda caviar y progresista y de las oenegés de Derechos Humanos. 

En este camino, igualmente, defendió a cerca de 300 policías y militares procesados, algunos de ellos con prisión preventiva, por las lamentables muertes de 60 peruanos durante la ola de violencia insurreccional luego del golpe fallido de Pedro Castillo. En ese entonces, milicias civiles de radicales bolivarianos pretendieron quemar los aeropuertos del sur y bloquear las principales vías nacionales con el objeto de quebrar la economía y la moral nacional e instalar una asamblea constituyente. Sin la decisión de nuestras fuerzas armadas habrían cumplido su objetivo. En ese contexto, ¿quiénes son los responsables directos de la muerte de peruanos en esas oleadas de violencia? ¿Quiénes defienden los activos nacionales con la Constitución y la ley en la mano o quienes pretendían quemar los aeropuertos del sur del país?

Si Rospigliosi es sentenciado y se le niega su inminente elección nacional como senador, porque se ha ganado el favor de la familia policial y militar del país, entonces quedará en evidencia que el sistema de justicia está controlado arbitrariamente por un sector ideológico. Por otro lado, silenciar una opinión en defensa de los DD.HH. de soldados y policías es una expresión de intolerancia y cancelación que confirma la vena autoritaria y excluyente del progresismo nacional.