¡Evitar el adelanto de elecciones!

La República del Perú, que acumula cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones, ayer fue remecida por una noticia proveniente de la Comisión Lava Jato del Congreso: entre noviembre de 2004 y diciembre del 2007 el presidente Kuczynski recibió pagos de Odebrecht por US$ 782,207 a través de la empresa Westfield Capital. Nadie puede tapar el sol con un dedo. La información es un verdadero misil en contra de la gobernabilidad, sobre todo considerando que las consultorías de Kuczynski se realizaron cuando él ejercía funciones públicas.

Los mencionados hechos se conocen en medio de una polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo sin precedentes en la reciente historia. Por estas razones, sobre la marcha las especulaciones sobre una posible renuncia del jefe de Estado o una eventual vacancia del cargo se pusieron, como se dice, sobre la mesa. Sin embargo en este portal pretendemos plantear algunos criterios que todos los demócratas deberían evaluar en función del futuro de la democracia.

Cualquiera sea el desenlace de la situación, bajo ningún criterio se debería considerar la posibilidad de un adelanto de elecciones, porque la democracia y la consolidación de las instituciones no solo tienen que ver con la alternancia del poder, el derecho al sufragio, el equilibrio de poderes y el respeto a las minorías, sino también con los plazos constitucionales de gobierno y el cronograma de la democracia.

El mejor ejemplo de la tesis anterior es la democracia de los Estados Unidos, país en que el presidencialismo —al igual que en el Perú— convierte al jefe de Estado en el primer magistrado del sistema democrático. En la gran nación del norte asesinaron a cuatro presidentes, sin embargo los cronogramas constitucionales se cumplieron con urgencia sagrada, ejerciendo las líneas de sucesión republicana.

Bajo esos criterios, en el Perú se debería aplicar el artículo 117 de la Constitución, que establece que el presidente no puede ser investigado ni acusado durante su mandato. Excepto por “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento; o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Pero las cosas no solo tienen que ver con asuntos constitucionales, sino también con temas políticos. El adelanto de elecciones crearía tal sensación de fracaso de la democracia que, inevitablemente, surgiría un “que se vayan todos” que podría terminar barriendo con todos los actores políticos de la actualidad. Se abriría una verdadera Caja de Pandora. Inclusive el fracaso de la democracia se podría asociar a un supuesto derrumbe del modelo económico y social de los últimos 25 años, que ha construido el mejor momento de nuestra historia republicana mediante un poderoso crecimiento que ha arrinconado a la pobreza como nunca.

Existen, además, otros criterios políticos e institucionales que deberían tomarse en cuenta. La continuidad del plazo constitucional posibilita que las instituciones investiguen, procesen y sentencien a todos los políticos que en los últimos quince años se convirtieron en abanderados de la lucha contra la corrupción y que, sin embargo, terminaron organizando una de las circunstancias más oscuras y corruptas de la República.

La actual experiencia democrática, que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones, enfrenta su momento más aciago. Si la clase política supera los enconos y pone por delante el Perú, entonces nuestra democracia estaría en un momento de madurez inédito en la historia.