Los peruanos e hispanoamericanos celebramos la Semana Santa, d...
Finalmente, el Consejo de Minería —organismo autónomo del Ministerio de Energía y Minas— decidió ratificar la licencia de construcción del proyecto de cobre Tía María (en Arequipa), que había sido suspendida ante una iniciativa del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La decisión del Estado, pues, se ajusta estrictamente a la Constitución y las leyes nacionales que establecen la preeminencia de los contratos sobre cualquier asunto de coyuntura. En la medida que no había un solo argumento atendible, ya sea ambiental o técnico, en contra de la ratificación de la licencia de construcción del proyecto, la decisión del Consejo de Minería es una extraordinaria señal para una economía urgida de inversiones, ante un crecimiento menor al 2.5% en el presente año.
De otro lado, esta decisión debe sumarse a la de la administración Vizcarra que decretó el estado de emergencia en el corredor vial del sur, que conecta a las principales minas de la zona, que producen más del 50% del cobre nacional y le agregan más de un punto al PBI. El estado de emergencia en las minas del sur y la decisión de ratificar la licencia de construcción de Tía María, al margen de las evidentes dudas en el Ejecutivo, envían un mensaje enérgico a los sectores antimineros empeñados en detener la producción de cobre del Perú para favorecer a los especuladores mundiales (en las bolsas) del metal rojo. Con cada mina peruana paralizada, los especuladores mundiales del cobre ganan centavos en el precio del valioso metal, que luego se convierten en miles de millones de dólares en utilidades.
Siempre vale recordar que el proyecto Tía María suma una inversión de US$ 2,400 millones y que producirá 120,000 toneladas de cobre que le agregarán 0.4% al PBI. Cálculos recientes indican que se generará S/ 5,600 millones para el Estado por conceptos de canon y regalías. Con esa sumase podrían construir siete hospitales y 17 centros de salud, 200 kilómetros de redes de agua potable, 183 colegios o 300 kilómetros de vías asfaltadas. De otro lado, anualmente, Arequipa recibiría S/ 273.4 millones por canon y regalías, y la provincia de Islay más de S/ 100 millones. ¿Cómo entonces pueden existir peruanos que se opongan a un proyecto minero como Tía María, sobre todo considerando que todos los cuestionamientos ambientales han sido atendidos? El cuidado del medio ambiente ha llegado a tal pulcritud en el proyecto que Tía María, por ejemplo, no se utilizará agua del río (para no despertar suspicacias en los agricultores del valle de Tambo), sino que se desalinizará agua de mar.
No hay argumentos razonables contra Tía María. La estrategia de los antimineros en contra de las inversiones tiene dos motivos: uno ideológico, ralentizar la economía para que en las elecciones del 2021 se genere un humor contra la economía de mercado que apunte a derogar la Carta Política de 1993; el otro motivo de los antimineros es favorecer a los especuladores mundiales del cobre —tal como lo mencionamos líneas arriba—, que suelen financiar a las redes de ONG y organismos sociales de los enemigos de la inversión minera.
Si el Perú estuviese ejecutando toda su cartera de proyectos mineros —la mayoría, de cobre— es incuestionable que estaría creciendo sobre el 5% y habría reducido la pobreza por debajo del 15% de la población. Si consideramos estas cifras y el hecho de que este año el país podría volver a aumentar pobreza por la lentificación del crecimiento, es incuestionable que contemplamos una forma de crimen social contra los más de seis millones de pobres del país.
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