¡Escándalo jurídico en caso El Frontón!

Se pretende reabrir caso en contra de los marinos

Cuatro magistrados del actual Tribunal Constitucional (TC) consideran que tienen las prerrogativas para interpretar la decisión de un pleno anterior y “corregir” la votación de uno de los magistrados de entonces. De pronto una resolución a favor de un habeas corpus se convierte en una resolución en contra de esa garantía constitucional. ¿Qué sucede? Los mencionados magistrados han interpretado que el voto a favor del habeas corpus del jurista Vergara Gotelli —que solicitaron los marinos implicados en el llamado caso El Frontón— , en realidad es un voto en contra.

El asunto es tan absurdo y tan escandaloso que los congresistas del Apra han planteado la necesidad de desarrollar una acusación constitucional contra los cuatro magistrados como una manera de restablecer los contrapesos y el control institucional sobre el Tribunal Constitucional que, por momentos, parece concentrar todas las funciones jurisdiccionales y legislativas que la Carta Política distribuye en diversas instituciones de la República.

Sin embargo, ¿cómo se produce semejante embrollo jurídico? Una vez más, es inevitable señalar que la izquierda jurídica tiene mucho que ver con esta situación. Las marchas y contramarchas del TC con respecto al caso El Frontón solo se explican por las presiones mediáticas y políticas que desarrolla la izquierda. La historia es larga. Todo empezó con una denuncia ante la Corte Interamericana en contra de los soldados que intervinieron en los sucesos de El Frontón. En el 2003 el Perú firmó una Convención sobre la Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad con una reserva explícita: que la Convención se aplicaría hacia adelante. Más tarde un pleno del TC interpretó que la mencionada reserva era inconstitucional. Como se aprecia, las marchas y contramarchas tienen mucho que ver con las estrategias de la izquierda alrededor de determinados casos. Uno de ellos es este.

En el 2013 los marinos acusados por el supuesto caso El Frontón presentan un habeas corpus y el pleno del TC resuelve a favor de la señalada garantía constitucional con cuatro votos a favor (el actual TC, tal como lo sostenemos arriba, ahora quiere “corregir” uno de los votos). Pero eso no es todo. El mismo pleno que otorgó el habeas corpus a nuestros marinos estableció que, según el Tratado de Roma, en el caso El Frontón no hubo delitos de lesa humanidad.

Ernesto Álvarez Miranda, presidente del TC de entonces, ha señalado que se pronunciaron en ese sentido porque para que existan delitos de lesa humanidad “tiene que existir ataque a población indefensa de manera sistemática y generalizada”. Y, como todos sabemos, en el caso de El Frontón el grupo terrorista que tomó el penal tenía un poderoso sistema de organización y contaba con armas blancas y de fuego.

No obstante, la Corte Interamericana —ante la renuncia del Estado a defender a los marinos— había establecido que hubo “un uso desproporcionado de la fuerza”. Al respecto, Ernesto Álvarez ha recordado en una entrevista de El Montonero que sí hubo un uso absolutamente proporcional de la fuerza. ¿Por qué? En las filmaciones de la época se observa a los ministros y jefes de las Fuerzas Armadas con megáfono en mano intentando convencer a los senderistas de la rendición. Es más, cuando un grupo de presidiarios decide rendirse fueron asesinados por los terroristas. Luego de que se asesina a un marino, recién los ingenieros navales colocan las cargas explosivas y debelan el motín. Es decir, una operación estrictamente militar en contra de terroristas dispuestos a asesinar.

Más tarde la izquierda peruana habría de plantear que los heridos fueron ejecutados por los soldados. Una acusación que no se pudo probar. Ante esa realidad la izquierda ha utilizado todos los medios para causar este embrollo jurídico, que ya linda con el escándalo, con el objeto de tener casos que le permitan seguir financiando sus proyectos y ONG en DD. HH.

La curiosa interpretación del actual TC de uno de los votos a favor del habeas corpus de los marinos se suma a la singular interpretación de que no se pueden firmar convenciones internacionales con reservas. El objetivo es uno solo: reabrir el caso El Frontón para que nuestros marinos que se jugaron por la civilidad sigan enfrentando un vía crucis judicial, tal como sucedió con los héroes de Chavín de Huántar.

Quizá ha llegado la hora de considerar la propuesta de acusación constitucional contra los cuatro magistrados actuales del TC como una manera de restablecer los contrapesos constitucionales. Pero antes de avanzar en esa ruta, la Comisión de Constitución del Congreso debería promover el más amplio debate sobre el tema. La idea de un gran seminario nacional e internacional permitiría enfrentar la ofensiva de la izquierda jurídica y aclarar las cosas en temas tan especializados.